Qué hay detrás del precio de la vivienda libre en Baleares, cerca de 4.000 €/m²

El precio medio de la vivienda libre en Baleares alcanzó los 3.980 euros por metro cuadrado en el segundo trimestre de 2026, un 13,3% más que un año antes. Así lo recoge el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. El archipiélago ocupa así el segundo lugar del país, solo por detrás de Madrid.

El dato se inscribe en una tendencia de encarecimiento sostenido que lleva años condicionando el acceso a la vivienda en las islas. La combinación de escasez de suelo, demanda sostenida por el turismo y la atracción de residentes de alto poder adquisitivo ha presionado al alza los precios, hasta situarlos muy por encima de la media estatal.

El informe también refleja un contraste llamativo con la vivienda protegida. En Baleares, el valor medio de esta última queda un 69,6% por debajo del de la vivienda libre usada, una de las mayores diferencias registradas en el país. Esta brecha evidencia la dificultad de los hogares con rentas medias y bajas para acceder a una vivienda en el mercado libre sin recurrir a la oferta pública.

En el terreno de la actividad, las transacciones escrituradas, que incluyen vivienda libre y protegida, descendieron un 17% interanual en el segundo trimestre. Esta caída indica una contracción del volumen de operaciones pese al encarecimiento de los precios, lo que sugiere un mercado con menor liquidez y compradores más selectivos.

Por lo que respecta a los procesos hipotecarios, se iniciaron 63 ejecuciones de vivienda en el trimestre, de las cuales 61 correspondían a vivienda usada y solo dos a obra nueva. La cifra, aunque moderada en términos absolutos, merece seguimiento como indicador de tensión financiera de los hogares.

Las implicaciones son relevantes para las administraciones autonómicas y locales, que deben equilibrar el impulso a la oferta de vivienda asequible con las restricciones ambientales y territoriales propias de un territorio insular. A medio plazo, la evolución de la vivienda protegida y de las políticas de suelo marcará la capacidad del archipiélago para retener población residente y para sostener una oferta laboral accesible.