PALMA, 19 Abr. - El Consell Consultiu ha establecido un dictamen que rechaza la solicitud de compensación por más de 300.000 euros presentada por una mujer al IbSalut, derivada de las secuelas ocasionadas por una operación quirúrgica realizada en noviembre de 2022 en el Hospital de Manacor.

Según el análisis del órgano consultivo, los acontecimientos en cuestión ya han superado el plazo de prescripción, lo que impide considerar la indemnización pedido por la afectada. Se establece que ahora la resolución del asunto recae en la Conselleria de Salud.

De acuerdo con los documentos registrados por la representación legal de la mujer, la cirugía consistió en una artrodesis lumbar que se realizó el 21 de noviembre de 2022. El procedimiento se llevó a cabo para abordar una enfermedad lumbar severa y degenerativa.

Durante su recuperación, la paciente experimentó intensos dolores y dificultades para mover sus extremidades inferiores, lo que llevó a la realización de un TAC urgente que descubrió complicaciones en la zona lumbar, lo que resultó en una segunda operación apenas cuatro días después de la primera.

A pesar de la intervención adicional, los signos de malestar persistieron. El 29 de marzo del año siguiente, buscó atención en una Mútua, donde un electromiograma reveló que había desarrollado una radioculopatía, un daño en las raíces nerviosas de la región lumbar.

La afectada detalló que, a raíz de estas complicaciones, padece un dolor crónico intenso, sensación de ardor en la pierna izquierda y dificultades para caminar y transportar cargas, lo que impacta negativamente en su desempeño como trabajadora autónoma que gestionaba su propio negocio.

Redirigida al Hospital Universitario de Son Espases, actualmente está siendo sometida a diversas pruebas y se encuentra bajo observación del servicio de neurología, además de recibir apoyo psicológico.

El abogado de la demandante argumenta que la primera cirugía estuvo marcada por una falta de cuidado, señalando que el médico no siguió los protocolos adecuados en el control y la atención postquirúrgica de la paciente y las complicaciones que surgieron posteriormente.

Además, sostiene que se vulneró la autonomía de la paciente al no informarla adecuadamente sobre los riesgos de la intervención y las alternativas disponibles que podría haber considerado.

El letrado relaciona directamente las secuelas físicas de su cliente con la atención médica recibida en el Hospital de Manacor, solicitando por ello una compensación de 301.789 euros, solicitud que ha sido finalmente desestimada.

En su análisis, el Consell Consultiu revisa todas las evidencias presentadas, señalando contradicciones con la narrativa de la paciente. Por ejemplo, se aclara que ella firmó un documento de consentimiento informado para la cirugía de artrodesis, indicando que estaba satisfecha con la información recibida sobre los riesgos asociados.

La primera intervención, según el informe, se realizó sin problemas. Frente a las molestias en las extremidades, se llevó a cabo una revisión quirúrgica para reajustar los implantes, también sin incidencias.

A medida que las quejas persisten, la paciente regresó al Hospital de Manacor, donde expresó desconfianza hacia uno de los médicos que la había tratado anteriormente. Un nuevo médico que la atendió en febrero de 2023 registró una mejora en su función motora.

Posteriormente, se realizaron pruebas en la Mútua y en Son Espases, que identificaron signos de degeneración axonal y cambios neurógenos crónicos en la región afectada.

Un informe de un especialista en cirugía ortopédica y traumatología, solicitado por la aseguradora de IbSalut, concluyó que el tratamiento aplicado en el Hospital de Manacor fue apropiado tanto en tiempo como en forma para abordar las lesiones de la mujer. El experto afirmó que lo sucedido no constituye un caso de mala praxis, sino una complicación habitual documentada en la literatura médica relacionada con este tipo de intervenciones.

Asimismo, una inspectora del servicio de salud autonómico sostuvo en su informe que las secuelas no eran consecuencia de una atención inadecuada, sino más bien resultado de la correcta asistencia proporcionada.

Sin embargo, el Consell Consultiu niega la reclamación, argumentando que se presentó fuera de los plazos legales establecidos. El pedido de indemnización fue sometido a consideración el 3 de enero de 2024, incumpliendo la normativa que establece que tales solicitudes deben realizarse dentro del año siguiente a la aparición del evento que desencadenó la indemnización o a la manifestación de sus efectos negativos.