PALMA, 9 de enero. La exdirectora de la prisión de Palma se encuentra en el centro de una polémica que resuena en las esferas del poder judicial y la opinión pública tras el traslado de Bartolomé Cursach a una cárcel en Valencia en 2017. Este traslado se produjo apenas unos meses después de su arresto y ahora sale a la luz que, según la exfuncionaria, un empleado del centro destruyó la resolución que ordenaba dicha medida.

Este jueves, la mujer ha comparecido como investigada ante un juzgado de Palma, en el marco de una denuncia presentada por el empresario Cursach, donde se le acusa de prevaricación y falsedad documental, dos delitos que manchan la integridad del sistema penitenciario. Esta comparecencia se enfoca especialmente en los eventos que rodearon el traslado de Cursach y arroja dudas sobre la legalidad de las acciones emprendidas por la exdirectora.

Durante su declaración, la exdirectora mencionó que fue el exjuez instructor Manuel Penalva quien le hizo la llamada con la instrucción de que debía adoptar medidas para garantizar la seguridad de 'el Ico', un testigo que había surgido en el caso que se había desatado contra Cursach. Este testigo, según se indica, había manifestado sentirse amenazado por el empresario, lo que llevó a las autoridades a actuar con premura.

No obstante, la exdirectora admite que el traslado se llevó a cabo a través de una resolución formal, aunque plantea la posibilidad de que dicha resolución pudiera haberse extraviado o destruido, lo cual planteaserias interrogantes sobre la administración de justicia y la transparencia en la gestión del sistema penitenciario.

El abogado de Cursach, Vicente Campaner, ha expresado su intención de que este caso avance a juicio, argumentando que la declaración de la exdirectora no es suficiente para exculparla. De ser así, se abriría un nuevo capítulo en esta saga llena de incógnitas y acusaciones que gira en torno a una de las figuras empresariales más conocidas de Baleares, y que continúa siendo objeto de atención mediática y pública.