Un empresario estadounidense de 72 años, buscado por las autoridades de su país por un presunto fraude fiscal de casi 130 millones de dólares en contratos de campañas militares en Afganistán y Oriente Medio después del 11-S, se encuentra actualmente en prisión en Ibiza tras su detención a principios de julio.
La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión provisional sin fianza al hombre, identificado como E.D., junto a su esposa D.L.D., una ciudadana francesa de 58 años, quienes enfrentan 30 cargos de evasión fiscal y otros delitos relacionados con ingresos por 350 millones de dólares provenientes de contratos públicos.
El matrimonio fue arrestado por la Guardia Civil y la DEA el 3 de julio en Ibiza, donde poseen una residencia de vacaciones, en un operativo conjunto que reveló una supuesta trama de fraude fiscal que se extendió durante años e involucró a colaboradores.
Según la acusación presentada en el Tribunal de Distrito de Columbia, el empresario habría ocultado beneficios de su empresa Mina Corp & Red Star Enterprises, la cual recibió más de 7.000 millones de dólares en contratos con el Departamento de Defensa de EE.UU. para suministrar combustible a las tropas estadounidenses en Afganistán y Oriente Medio.
Se alega que el empresario ocultó ingresos en cuentas bancarias extranjeras, utilizó documentación falsa y atribuyó parte de la propiedad a su esposa, quien supuestamente le transfería dinero para gastos personales a través de documentos falsos. Se afirma también que el hombre no pagó impuestos sobre los millones de dólares que ganaba anualmente hasta 2015.
Además, se sostiene que el empresario presentó declaraciones falsas de impuestos entre 2007 y 2014, afirmando que los intereses comerciales, ingresos y activos pertenecían a su esposa, y luego declaró falsamente que sus únicos ingresos eran como consultor y que no tenía intereses en negocios extranjeros hasta 2020.
Los fondos supuestamente fueron transferidos a entidades financieras en países como Suiza, Bahamas, Singapur y los Emiratos Árabes, utilizados para financiar negocios en todo el mundo y adquirir propiedades y activos, incluyendo un chalet en Austria, una casa en España, un adosado en Londres y varios yates.
Después de su detención, se decretó prisión comunicada y sin fianza para el detenido con el objetivo de ejecutar la extradición solicitada por EE.UU. A pesar de los argumentos de su abogado en España, la Sala de lo Penal de la AN desestimó el recurso de excarcelamiento, citando la gravedad de los delitos, el avance del proceso penal en EE.UU. y la falta de arraigo del empresario en España.
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