PALMA, 30 de enero.

En una reciente sesión del pleno del Ayuntamiento de Palma, se ha ratificado el acuerdo para la adquisición del emblemático edificio de Gesa. Este momento histórico se ha logrado gracias a los votos a favor de los concejales del Partido Popular (PP) y de Vox, mientras que los grupos de la oposición han expresado sus reparos al señalar que el coste de la compra y rehabilitación del inmueble resulta excesivo.

El acuerdo, que contempla no solo la compra del edificio sino también la de dos parcelas adyacentes, fue inicialmente aprobado por la Junta de Gobierno el pasado 30 de diciembre. La transacción ha levantado un intenso debate sobre su viabilidad y su justificación ante los ciudadanos.

Óscar Fidalgo, el regidor de Urbanismo, ha explicado que la compra del edificio de Gesa supondrá un desembolso de 25 millones de euros para el Ayuntamiento, de los cuales 8 millones provendrán de una subvención europea. El resto, aproximadamente 17 millones, serán compensaciones que la empresa Endesa debía abonar al Consistorio. Además, se sumarán otros 5,2 millones de euros por la adquisición de los terrenos colindantes.

Según Fidalgo, el coste de esta adquisición es significativamente más bajo en comparación con los 60 millones que Endesa reclamaba en un litigio judicial. Esta acción, que se encuentra actualmente suspendida a la espera de la ratificación del acuerdo, se considera un avance positivo para las arcas municipales.

El regidor de Urbanismo también ha defendido la utilidad del futuro uso del edificio de Gesa, destacando que este se determinará a través de un concurso de ideas en el que participarán tanto expertos como entidades del ciudadano. Fidalgo ha instado a los diferentes grupos municipales a presentar “propuestas ambiciosas” para el edificio, en un intento de demostrar que el proyecto tiene un fundamento y una finalidad clara.

Desde Vox, su portavoz Fulgencio Coll ha subrayado el importante beneficio económico que implica evitar la demanda de Endesa. Coll criticó duramente las gestiones realizadas en administraciones anteriores, las cuales no habían logrado resolver la situación de deterioro del edificio, que califica de “monumento a la corrupción política de otros tiempos”. A su juicio, el objetivo debe ser revitalizar el lugar a un costo razonable, que ofrezca beneficios a la ciudad y genere empleo.

Sin embargo, la respuesta desde la oposición ha sido contundente. Xisco Ducrós, regidor socialista, no ha dudado en afirmar que el montante total entre la compra y la rehabilitación podría ascender a 80 millones de euros, dinero que, según su análisis, podría ser redirigido a abordar urgencias como la escasez de vivienda asequible.

Ducrós ha planteado un debate sobre las prioridades presupuestarias del Ayuntamiento, denunciando que el alcalde está cometiendo el error de anteponer un capricho personal a la atención de problemas más apremiantes, como el acceso a la vivienda.

En la misma línea, Neus Truyol, portavoz de MÉS per Palma, ha calificado la inversión proyectada como una “hipoteca millonaria” para la ciudad, que no ofrece garantías de que beneficie a los vecinos. Por su parte, Lucía Muñoz de Unidas Podemos ha hecho una sombría predicción, sugiriendo que el proyecto podría acabar en los tribunales, pareciendo incluso un potencial “Palma Arena 2.0” en el futuro. “Imaginen cuántas viviendas se podrían rehabilitar con ese capital”, ha cuestionado.

Además, el pleno también aprobó modificaciones en el reglamento orgánico que rige el funcionamiento del propio pleno municipal. Esta modificación, que fue avalada por los mismos partidos del acuerdo sobre Gesa, tiene como objetivo eliminar la posibilidad de que los grupos que no usan su cupo de iniciativas puedan ser utilizadas por otras formaciones.

Llorenç Bauzá, regidor de Medio Natural y otras áreas, ha defendido que este cambio facilitará las sesiones de pleno al hacerlas más ágil y comprensibles para la ciudadanía. Sin embargo, esta modificación ha sido rechazada rotundamente por la oposición, que considera que busca silenciar a las voces disidentes. Según Ducrós, esta medida demuestra el temor del PP ante la crítica, mientras que Contreras argumenta que no logrará el objetivo de acortar el tiempo de las sesiones, como se pretende.