El Congreso de los Diputados se prepara para abordar este martes una cuestión de gran relevancia constitucional: la posible modificación del artículo 69.3 de la Constitución Española. Esta iniciativa, promovida por el Parlamento de Baleares, busca garantizar un senador propio para la isla de Formentera, liberándola así de la actual vinculación electoral con Ibiza.

A lo largo de las últimas tres legislaturas, el Parlamento balear ha intentado sin éxito que se apruebe esta reforma en las Cortes Generales. En la sesión de este martes, los representantes del Congreso debatirán y votarán sobre la posibilidad de que tanto Formentera como Ibiza cuenten con un senador independiente, según detalla el texto al que ha tenido acceso Europa Press.

Actualmente, tanto Formentera como Ibiza comparten una circunscripción electoral para las elecciones al Senado, con Juanjo Ferrer como senador en esta legislatura. Ferrer fue elegido bajo una candidatura conjunta que incluía al PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa, perpetuando la unión electoral entre ambas islas.

Varios grupos políticos han intentado, sin éxito, llevar esta solicitud al Congreso para que Formentera obtenga su representación propia, pero estas propuestas no han logrado avanzar en el ámbito legislativo.

La reforma propuesta por el Parlamento de Baleares busca añadir que corresponde a las islas de Eivissa, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma contar con un senador propio, reflejando así la diversidad territorial del país.

Además, se sugiere incluir una disposición adicional que estipule que la implementación de esta nueva circunscripción electoral para Formentera se hará efectiva en las próximas elecciones al Senado, una vez que la reforma constitucional entre en vigor.

El Parlamento balear argumenta que esta reforma tiene como objetivo "reconocer efectivamente" las particularidades geográficas y sociales de los territorios que configuran España, promoviendo una representación equitativa en el Senado.

La propuesta pretende también que su importancia sea valorada y sentida como un avance significativo dentro del propio archipiélago balear y, más ampliamente, en el conjunto nacional.

Si el Congreso da luz verde a la tramitación de esta reforma, el proceso continuará en las Cortes Generales, donde se podrán presentar enmiendas sobre otros asuntos relacionados.

Este tipo de situaciones no son nuevas en la historia reciente del Parlamento español; recordemos que en el pasado, el PSOE y el PP unieron fuerzas para presentar una reforma del artículo 49 de la Constitución relacionada con las personas con discapacidad. Aunque surgieron enmiendas de otros grupos, sólo se logró avanzar con el contenido específico del artículo mencionado.