El debate sobre la vivienda en Baleares ha tomado un giro significativo con la reciente aprobación de un decreto legislativo que permitirá la construcción de cerca de 20.000 viviendas en Palma. La medida, impulsada por el Gobierno regional y apoyada por el Partido Popular (PP) y Vox, busca abordar la creciente crisis de acceso a la vivienda que afecta a muchos ciudadanos del archipiélago.

El decreto, conocido como 3/2025, establece procedimientos urgentes para la obtención de suelo, incluyendo la creación de proyectos residenciales estratégicos. Después de su aprobación inicial por el Consell de Govern, el Parlament lo convalidó con 32 votos favorables y 24 en contra, lo que generó críticas por parte de las fuerzas de izquierda que ven en esta iniciativa una oportunidad para que unos pocos se beneficien a expensas de la comunidad.

Este texto legal busca el desbloqueo de terrenos urbanos para facilitar la edificación de viviendas, de las cuales aproximadamente la mitad estarán destinadas a protección oficial. Además, se planea reducir los plazos de ejecución de proyectos a entre año y medio y dos años, lo que representa un intento de acelerar la respuesta gubernamental ante la emergencia habitacional.

El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, defendió la propuesta argumentando que la falta de viviendas asequibles es uno de los problemas más acuciantes en Baleares. Destacó que el Govern está comprometido en tomar decisiones valientes para revertir la lamentable situación. Según Mateo, el actual plan forma parte de un esfuerzo mayor que también incluye la planificación de 5.000 viviendas asequibles de inmediato, siguiendo la senda trazada por la ley Carbonero de 2008.

Mateo instó a todas las fuerzas políticas a actuar con responsabilidad ante lo que considera una emergencia y agradeció a Vox por su disposición a colaborar en la convalidación de la normativa, añadiendo enmiendas que consideran necesarias para avanzar en este asunto crítico.

Por otro lado, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, señaló que la oposición es en gran parte responsable de la crisis en el acceso a la vivienda, resultado de políticas intervencionistas que han perjudicado tanto a propietarios como a emprendedores. Cañadas enfatizó que la solución a esta problemática pasa por liberar suelo y facilitar la construcción, no por medidas temporales o superficiales.

El rechazo al decreto por parte de ciertos sectores de la oposición se fundamenta en la creencia de que las decisiones tomadas no se alinean con el interés general, sino que más bien responden a agendas políticas. Se argumenta que las modificaciones propuestas pueden no resolver el verdadero problema de la escasez de vivienda, dejando fuera de consideración a muchas familias que requieren soluciones efectivas.

Incluso el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, se mostró crítico, señalando que el decreto sobrepasa lo establecido en el Plan General de Palma y que el enfoque adoptado podría transformar la ciudad en un lugar inaccesible para sus trabajadores. Acusó además al Govern de priorizar los intereses de promotores sobre las necesidades reales de los ciudadanos.

Algunos representantes regionales, como Ferran Rosa de MÉS per Mallorca, se sumaron a las críticas, advirtiendo que este enfoque favorecería a un pequeño grupo en detrimento del bienestar de la mayoría. Señaló que la construcción de nuevas viviendas debería comenzar con aquellas que ya existen y que requieren una rehabilitación mínima en lugar de crear nuevas edificaciones sin necesidad justificada.

Finalmente, la cuestión del silencio positivo en la concesión de permisos de edificación también ha suscitado preocupaciones. El portavoz de Més per Menorca indicó que se interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en relación a esta figura, sugiriendo que el Tribunal Constitucional podría invalidar aspectos de la normativa actual.

Ahora que el decreto ha sido convalidado, se procederá a tramitarlo como un proyecto de ley que incluirá enmiendas y ampliará su aplicación a municipios con más de 10.000 habitantes, con el objetivo de realizar una gestión más efectiva de la vivienda en Baleares y abordar el grave problema que enfrentan muchas familias en la región.