En un reciente fallo, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha rechazado el recurso presentado en 2021 por una sociedad inmobiliaria que se opuso a la expropiación de cuatro propiedades en Ibiza para su uso social. La decisión reafirma el accionar del Govern liderado por Francina Armengol, quien había ordenado la cesión obligatoria de estas propiedades bajo una normativa de la ley de vivienda de 2018, diseñada para abordar la problemática de los inmuebles que permanecen vacíos por más de dos años.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB se pronuncia a favor de la Administración, argumentando que se han tomado medidas para mitigar la creciente crisis de acceso a la vivienda en la región, aunque se reconoce que los resultados no han sido los esperados. Este enfoque se basa en la necesidad de implementar nuevas alternativas para abordar el problema, tal como se detalla en la sentencia, información que ha sido adelantada por el 'Diario de Mallorca'.

Un punto destacado en el veredicto es el número significativo de solicitudes de vivienda que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) no ha podido satisfacer, especialmente en el municipio de Santa Eulària, donde se ubican los inmuebles expropiados. Este hecho resalta la urgencia de una intervención administrativa eficaz en el sector de la vivienda.

El Tribunal enfatiza que la dificultad para acceder a una vivienda adecuada y asequible no es simplemente una hipótesis, sino que está respaldada por una serie de datos objetivos que refuerzan la existencia de esta crisis. En el texto se indica que la situación, lejos de mostrar signos de mejora, parece agravarse con el tiempo. Este contexto justifica la implementación de medidas como las establecidas en la Ley 5/2018, que busca responder a un problema que afecta a una amplia porción de la población balear.

En conclusión, el TSJIB considera que la existencia de esta crisis habitacional es suficiente para legitimar la decisión de expropiar estos inmuebles, reafirmando así la necesidad de acciones enérgicas por parte de la Administración para abordar un asunto que se ha convertido en una prioridad social en Baleares.