La Fiscalía ha solicitado la absolución del exalcalde de Sant Antoni de Portmany, José Tur, en el marco del juicio que se ha iniciado este lunes en la Audiencia Provincial de Palma. Este proceso legal está centrado en la polémica paralización en 2018 de un chiringuito ubicado en Cala Gració, un asunto que ha captado la atención tanto mediática como social.

Durante su comparecencia, Tur ha defendido que la parada de las obras del chiringuito se realizó en total cumplimiento con la normativa vigente. A su juicio, la autorización inicial para la instalación del establecimiento fue otorgada basándose en información proporcionada erróneamente por el departamento de Costas, el cual revaluó la calificación del terreno tras la controversia desatada por su aprobación inicial. Según el exalcalde, la confusión surgió porque la información original indicaba que la zona se clasificaba como un área urbana.

El juicio, que se extenderá a lo largo de la semana, también incluye a Cristina María Ribas, la exregidora de Urbanismo, quien enfrenta las mismas acusaciones que Tur. La Fiscalía ha argumentado que ambos deberían ser absueltos del delito de prevaricación que se les imputa. La defensa de Tur se basa en la legalidad del proceso y en las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno, las cuales se fundamentaron en un dictamen que legalizaba el proyecto.

El exalcalde ha detallado que la Junta de Gobierno había concedido permiso a la empresa para construir el chiringuito, basándose en la aprobación de Costas. Sin embargo, tras la ola de descontento social y mediático, el expediente fue revisado, revelando que el departamento de Costas había cometido un error al considerar que la zona era urbana. La situación se complicó debido a las tensiones internas en el departamento de Urbanismo, como ha admitido la misma Ribas, quien explicó que no emitió un certificado de finalización de obra porque no había suficiente información sobre la realización de la misma.

De acuerdo con el fiscal, el 23 de mayo de 2018, la sección de Urbanismo y Actividades del Ayuntamiento emitió un decreto que prohibía el inicio de actividades de la empresa afectada hasta que se obtuviera un certificado municipal de finalización de las obras. Este decreto se emitió posterior a un acuerdo de la Junta de Gobierno municipal que ya había concedido el permiso requerido a la compañía, refiriéndose específicamente a la ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre para la instalación de diversas estructuras desmontables, entre las que se incluían un bar, un baño y mesas y sillas, por un periodo establecido de cuatro años, desde 2017 hasta 2020.

La decisión de paralizar el proyecto estuvo respaldada por un informe de la Demarcación de Costas de Baleares, que había dado previamente su visto bueno para la instalación en julio de 2017. No obstante, el Ministerio Público ha señalado que los acusados basaron su decisión de desautorizar la construcción en informes elaborados por una arquitecta municipal y una inspectora de urbanismo, quienes advertían sobre diversas irregularidades en el proyecto y la posible falta de conformidad con la autorización original.

En conclusión, el fiscal sostiene que no se ha demostrado que el cambio de criterio sobre la legalidad de la concesión se haya producido con la intención de perjudicar a la empresa involucrada. Por esta razón, considera que los hechos presentados no constituyen un delito, abogando así por la absolución de tanto José Tur como de Cristina María Ribas.