La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha expresado su preocupación por la situación actual de las prestaciones sociales en Baleares, señalando que existe un "descontrol" que podría generar un "efecto llamada". En una reciente rueda de prensa, la consellera enfatizó la necesidad de establecer un orden en la gestión de estas ayudas para garantizar que los recursos se dirijan adecuadamente.

Fernández subrayó que "no podemos ofrecer cobertura social a todos los que llegan" a la isla, instando a la importancia de regular la asistencia social. Sus comentarios se produjeron en el marco de la firma de un convenio relacionado con el servicio de atención a domicilio en colaboración con el Consell de Mallorca.

La consellera hizo hincapié en la ineptitud en la gestión de ciertas prestaciones, que han llevado a la Conselleria a implementar medidas para "poner orden". Entre estas prestaciones se encuentran la renta social garantizada y la renta de emancipación, las cuales requieren ajustes urgentes.

En el contexto del acuerdo presupuestario entre el Partido Popular y Vox, se ha propuesto un aumento del plazo de residencia legal mínima necesario para tener acceso a la renta social garantizada y la renta de emancipación, una modificación que la conselleria está analizando para aumentar ese periodo a tres años.

Fernández recordó que esta ampliación de requisitos representa un retorno a la redacción original de la ley, que, según indicó, fue aprobada con "cierto consenso" entre diferentes fuerzas políticas. Este enfoque busca hacer que el sistema sea más eficaz y evitar el impacto del efecto llamada.

La consellera también expresó su preocupación respecto a la presión que estas situaciones ejercen sobre los servicios sociales, particularmente en los ayuntamientos y consells insulares. Fernández alertó sobre el riesgo de que estos servicios se vean tensados si no se toman las medidas adecuadas.

Asimismo, la consellera criticó la postura del Gobierno de España, que ha negado a Baleares la declaración de contingencia migratoria, argumentando que esta decisión es necesaria para frenar el flujo migratorio a la isla. Fernández aclaró que no se trata de trasladar a menores, sino de prevenir que más personas lleguen.

Finalmente, la consellera puso en tela de juicio la decisión del Ejecutivo central de instalar carpas en la estación marítima para atender a migrantes, afirmando que "el Govern no quiere tener a menores en tiendas de campaña", destacando la urgencia de un enfoque más humano y responsable en la gestión de la migración.