El ecologista GOB Mallorca ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impugnar ante el Tribunal Constitucional el decreto de simplificación administrativa del Govern balear para lograr su suspensión.

En una carta que están preparando para enviar a Sánchez en los próximos días, la organización presenta los argumentos para el recurso de inconstitucionalidad, basándose en la violación de los "principios de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental."

El GOB argumenta que el decreto del Govern de la 'popular' Marga Prohens, que será convalidado este martes, modifica más de 50 normas y argumenta que esto tendrá graves consecuencias en la protección de los recursos naturales y del suelo. Además, consideran que no hay ninguna justificación para la urgencia más allá de evitar el debate social y político.

La organización ecologista critica la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, la legalización de edificaciones en áreas rústicas, la creación de nuevos estacionamientos en playas saturadas, entre otros aspectos señalados. También expresan su preocupación por la "desarticulación" de la Iniciativa Legislativa Popular que habían impulsado sobre el Bienestar de las Generaciones actuales y futuras.

Por otro lado, el GOB ha anunciado que se presentará como parte interesada en los ayuntamientos en todos los expedientes de legalización de construcciones en áreas rústicas que se deriven de este decreto. Critican que al realizarse estos procedimientos únicamente en los ayuntamientos, sin pasar por comisiones u otros informes, las legalizaciones serán "completamente opacas."

Ante la "nueva amnistía" que permite la legalización de construcciones ilegales, el GOB ha expresado sus sospechas de posibles fraudes en estos expedientes. Argumentan que no se puede permitir que se premien las infracciones y que los especuladores se beneficien a expensas de nuestro territorio dañado.

Por esta razón, al participar en los procedimientos, el GOB busca asegurarse de recibir todos los expedientes y recuerda que un informe del Defensor del Pueblo respalda su derecho a acceder a ellos.