En un giro inesperado y de último minuto, Ione Belarra, líder del partido Podemos, ha expresado su satisfacción tras llegar a un acuerdo con el PSOE. Esta negociación, que involucró a Irene Montero y al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido crucial para la salvaguarda de la ley de Eficiencia de la Justicia.
Según informaciones de Podemos, se ha resuelto finalmente la aprobación de dicha ley al pactar con el PSOE una prórroga de un año para la prohibición de desahucios que afectan a familias en situación vulnerable. Asimismo, se lograron extender por seis meses las ayudas para el transporte, que incluyen abonos ferroviarios gratuitos, lo que supone una medida fundamental para muchas personas en el país.
Belarra ha detallado que el compromiso del Gobierno implica incluir ambas medidas en un decreto de prórroga del llamado escudo social, a condición de que Podemos no lleve a cabo la amenaza de mantener el veto que había impuesto el Senado. Así, se evita una confrontación legislativa que podría haber complicado la situación política actual.
Este acuerdo también contempla que, en la próxima ley orgánica que se presentará en la Cámara Baja, se eliminará una disposición dentro de la normativa de eficiencia judicial que permitiría acelerar desahucios en casos de ocupación por allanamiento de morada. Esta enmienda, que fue introducida por el PNV, se aprobó por un error que involucró a Bildu y ERC durante la votación.
Es importante señalar que la referencia a facilitar estos desahucios exprés se suspenderá oficialmente el martes, cuando el Ejecutivo introduzca una modificación en el decreto que anule este aspecto de la ley original.
Durante su intervención en el Congreso, Belarra no ocultó su alegría por el acuerdo sellado con el Gobierno justo antes de la votación. Aseguró que la administración mantendrá un año más la prohibición de desahucios por impago de alquiler y otras situaciones que forman parte del escudo social, además de la prórroga de las ayudas al transporte en las condiciones actuales.
Además, se logró el consenso para eliminar el eje de la enmienda del PNV en la Ley de Eficiencia Judicial, la cual buscaba simplificar los procedimientos de desahucios por ocupación, un aspecto que fue aprobado por error por parte de algunos grupos políticos.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que el decreto del escudo social sea convalidado con el apoyo del PNV y Junts, Belarra mostró confianza en que esto será factible, ya que no cree que medios previamente respaldados sean rechazados por los socios de la investidura.
“No nos podemos permitir dejar de lado ayudas al transporte, que se consideran una de las mejores medidas impulsadas en la anterior legislatura. Si el PNV y Junts deciden votar en contra de estas ayudas y de la suspensión de desahucios para personas en situaciones delicadas, tendrán que justificarlo, dado que estas formaciones han apoyado los escudos sociales en las mismas condiciones anteriormente”, subrayó Belarra.
Fuentes cercanas a Podemos indican que las negociaciones fueron intensas y estuvieron lideradas por Bolaños y por Irene Montero, quien ocupa un papel destacado dentro de la formación. Por otra parte, enfatizan que el PSOE insistió en que Podemos apoyara para levantar el veto del Senado, aunque este no era vital, ya que la ley judicial podría regresar al Congreso en dos meses, requiriendo solo una mayoría simple para su aprobación.
A pesar de esto, en Podemos sospechan que el Ejecutivo no deseaba mostrar debilidad en su posición parlamentaria y, al final, lograron el compromiso de estas medidas que consideran esenciales para su agenda política.
Belarra ha afirmado que cuando el Gobierno presta atención a las demandas de Podemos, se generan políticas que transforman y benefician tanto a la ciudadanía como a la misma coalición gubernamental.
Por último, en relación con si este pacto restablecerá las relaciones con el PSOE, Belarra ha reiterado su firme postura acerca de los Presupuestos Generales, destacando que el Ejecutivo debe cumplir con sus compromisos para que se puedan negociar las nuevas cuentas públicas, que podrían ser las únicas de esta legislatura. Por lo tanto, continuarán luchando para que el PSOE respete sus obligaciones, como en el caso del impuesto a las eléctricas, puesto que los Presupuestos representan la negociación más significativa de la legislatura, y en este momento no existen las condiciones adecuadas para abordar este tema con los morados.
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