PALMA, 17 de julio. En un nuevo capítulo de tensiones entre el Govern balear y el Gobierno central, las autoridades autonómicas han denunciado lo que consideran una amenaza directa: el Ejecutivo central podría negarse a transferir los fondos necesarios para la atención de los menores migrantes no acompañados en las Islas Baleares para el año 2025. Esta situación se produce a pesar de que la aprobación de estos recursos había sido unánime en la Comisión Sectorial preparatoria.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo balear ha señalado que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, comunicó que la cancelación de la Conferencia Sectorial programada para este jueves, debido al boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, podría impedir la esperada transferencia de este dinero vital. La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha sido la encargada de expresar esta preocupación.

La consellera responsable, Sandra Fernández, argumentó que con la debida voluntad política, la Conferencia Sectorial podría haberse llevado a cabo, permitiendo así el avance en la financiación requerida, ya que existía un consenso entre todas las comunidades en este asunto. Sin embargo, insistió en que la cifra de dos millones de euros propuesta es completamente insuficiente para las necesidades reales.

Fernández también subrayó que es imprescindible que el Gobierno central actúe con diligencia y transfiera los fondos correspondientes a Baleares. Reiteró que, a pesar de la llegada de estos recursos, la suma es insuficiente para asegurar la adecuada atención a estos menores, quienes no deben ser utilizados como herramientas en juegos políticos.

En un contexto paralelo, Fernández ha instado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, a que explique al Gobierno central la grave situación de saturación que están enfrentando los servicios de atención a menores, que operan actualmente a más del 1000% de su capacidad. La consellera exigió que el delegado no permanezca inactivo y que informe sobre la crisis actual, exacerbada por una significativa ola de migración irregular que el Ministerio del Interior parece ignorar.

El Govern ha resaltado que actualmente Baleares acoge a más de 200 menores adicionales sobre su capacidad designada, lo que está llevando al sistema de protección infantil al borde del colapso. La falta de garantías en la prestación de servicios de calidad para estos niños provenientes de diversas partes del país es motivo de gran preocupación entre las autoridades locales.

Finalmente, la consellera ha reiterado las razones que llevaron al Govern a no participar en la Conferencia Sectorial, sumándose así a la decisión de otros consejeros autonómicos, lo que llevó a la plena suspensión de la reunión por falta de quorum. Fernández destacó que el Gobierno no tolerará las presiones del Ministerio, que amenaza con retener la financiación y, al mismo tiempo, procede a distribuir a los menores de manera arbitraria entre las comunidades autónomas, excluyendo a regiones como el País Vasco y Cataluña.