PALMA, 20 de marzo.

En los últimos años, la presencia de viviendas okupadas en el mercado inmobiliario ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una realidad que comienza a preocupar a propietarios e inversores. Este cambio ha sido documentado recientemente, revelando que un 2,6% de las propiedades en venta en España se encuentran okupadas.

De acuerdo con información del portal Idealista, durante el cuarto trimestre del año anterior se registraron 20.464 anuncios de viviendas en situación de okupación, lo que refleja una tendencia preocupante para el sector inmobiliario en el país.

En la comunidad de Baleares, aproximadamente 518 viviendas en venta están ocupadas, lo que equivale al 1,7% del total. La capital, Palma, destaca con 213 viviendas okupadas, representando un 2,9% de su oferta actual.

Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, subraya la gravedad de este fenómeno, que no solo afecta el mercado inmobiliario, sino también la percepción que tienen los propietarios sobre su seguridad y derechos. A su juicio, la falta de reconocimiento real de esta situación solo aumenta la sensación de desprotección entre los propietarios y puede contribuir a que más viviendas desaparezcan del mercado de alquiler.

Las áreas urbanas más grandes son las que más sufren este fenómeno, con Barcelona a la cabeza al contabilizar 723 viviendas okupadas en venta durante el último trimestre de 2024, seguida de Madrid con 644. Otras ciudades como Murcia, Málaga, Sevilla, Valencia, Palma y Alicante también presentan cifras preocupantes, concentrando el 71% de las viviendas okupadas en las capitales españolas.

Sin embargo, hay excepciones en algunas ciudades. Por ejemplo, en Bilbao y San Sebastián las cifras de viviendas okupadas son significativamente menores, con solo 36 y 22 respectivamente.

En Girona, el fenómeno es especialmente agudo, donde el 8,8% de las viviendas se anuncian como okupadas, y otras ciudades como Murcia, Sevilla, Almería y Málaga también superan el umbral del 3% en sus respectivos mercados.

Estos datos revelan una realidad compleja y preocupante para el futuro del mercado inmobiliario español, donde la ocupación ilegal de viviendas representa un desafío que requiere atención y políticas eficaces para su resolución.