PALMA, 14 de diciembre.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha tomado una decisión significativa esta semana al acordar la apertura de juicio oral contra el expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Joan Gual de Torrella, y el exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, entre otros 12 implicados, en el marco del llamado caso Puertos, que investiga el presunto amaño de contratos públicos en las localidades de Maó e Ibiza.

En el auto emitido, el Juzgado señala que se considera a Gual de Torrella como presunto autor de varios delitos, que incluyen dos delitos continuados de prevaricación administrativa, un delito de cohecho, dos delitos de fraude a la administración y un delito de tráfico de influencias. Las acusaciones han solicitado que se imponga a él una pena de hasta nueve años de prisión en caso de ser hallado culpable.

El auto también incluye a Rafa Ruiz, exalcalde de Ibiza y miembro del PSIB, quien se desempeñaba como vocal del Consejo de Administración de la APB, y que ahora enfrenta cargos por posibles delitos de prevaricación y fraude a la administración.

Entre los acusados que se verán en el banquillo de los acusados, destaca la figura de Miguel Puigserver, quien fue vicepresidente de la APB, así como el exdirector de la misma, Juan Carlos Plaza, y la abogada del Estado, Dolores Ripoll, quien actuó como asesora en la APB. Además, Justo Saura, quien fue presidente de la Asociación Menorquina de Empresas Náuticas (Asmen), también enfrentará cargos en este juicio.

La mayoría de los acusados comparten acusaciones relacionadas con fraude a la administración y prevaricación, y para cada uno de ellos se han solicitado diversas penas, que incluyen posibles penas de prisión especialmente para aquellos que formaron parte de la alta dirección de la antigua cúpula de la APB.

En cuanto a la responsabilidad civil, la jueza aún no ha impuesto fianzas, argumentando que no se ha podido determinar el perjuicio económico que las supuestas irregularidades causaron a los afectados. Este aspecto se mantiene abierto mientras avanzan las investigaciones y se aclara la magnitud del daño causado.

La magistrada también ha desestimado, por el momento, las reclamaciones económicas presentadas por tres empresas del sector náutico que denunciaron haber participado en concursos que presuntamente fueron amañados, lo que añade un matiz más a la complejidad del caso.

En el auto, la jueza ha establecido un periodo de dos meses para que las defensas presenten sus escritos, coincidiendo este plazo con el que se otorgan a las acusaciones para la formalización de sus calificaciones. Este proceso precederá a la celebración del juicio, cuyo inicio deberá fijarse por la Audiencia Provincial, que se encargará de coordinar los siguientes pasos del proceso judicial.

No podemos olvidar que Gual de Torrella fue detenido en julio de 2020, en el marco de una operación policial que se llevó a cabo contra presuntas irregularidades en la adjudicación de amarres y la licitación de contratos públicos. En esa operación, que incluyó un registro exhaustivo en la sede de la APB que se prolongó por más de 12 horas, todos los arrestados fueron puestos en libertad con cargos, abriendo así la puerta a esta prolongada investigación sobre corrupción en las instituciones públicas de Baleares.