Crónica Baleares.

Crónica Baleares.

La Oficina Anticorrupción derivó la investigación de Campos a la Fiscalía por presunto delito urbanístico en noviembre.

La Oficina Anticorrupción derivó la investigación de Campos a la Fiscalía por presunto delito urbanístico en noviembre.

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares recibió un total de 133 denuncias durante el año pasado, de las cuales 68 fueron presentadas de forma anónima. Esto demuestra la preocupación de los ciudadanos por la transparencia y la honestidad en la gestión pública.

Los trabajadores de la Oficina se vieron afectados por la incertidumbre generada por las noticias que apuntaban al posible cierre de la institución, lo que llevó a algunos de ellos a dejar sus puestos.

Luego de una exhaustiva investigación, se descubrieron indicios de un posible delito urbanístico en la concesión de licencias por parte del Ayuntamiento de Campos desde el año 2015. Ante esta situación, la Oficina decidió trasladar el caso a la Fiscalía en noviembre del año pasado y suspender la vía administrativa.

La investigación, que se remonta a una denuncia recibida en noviembre de 2020, involucra al exregidor de Urbanismo, Sebastià Sureda, actual director general de Emergencias. Se sospecha que se concedieron licencias ilegales basadas en terrenos que no tenían la calificación correspondiente.

La memoria de la Oficina reveló la existencia de varios posibles delitos urbanísticos cometidos en establecimientos e instalaciones del municipio. Se constataron también delitos de falsedad documental y prevaricación en la gestión de las licencias y actividades comerciales.

En total, se identificaron al menos 18 establecimientos sin licencia y dos talleres que realizaron ampliaciones ilegales. Esta situación llevó a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar copia del expediente para comenzar su propia investigación.

La Oficina recibió un total de 133 informaciones durante el año, de las cuales 68 fueron anónimas y 39 provenían de particulares. La mayoría de las denuncias estaban relacionadas con corporaciones locales y empresas privadas.

En cuanto a los tipos de denuncias, destacaban los delitos contra personas físicas, la contratación administrativa, el fraude de ley, la prevaricación urbanística y la función pública. Estos datos llevaron a la tramitación de 81 expedientes durante el año.

Además de las investigaciones en curso, la Oficina abordó denuncias relacionadas con funcionarios públicos y posibles irregularidades en instituciones públicas como el Ayuntamiento de Santa Eulària o el Institut Menorquí d'Estudis. Se enviaron casos a la Fiscalía, como el posible sobrecoste en la contratación de obras en el Consell de Mallorca.

Finalmente, la memoria de la Oficina señaló la existencia de vacantes en el personal que no se habían cubierto debido a la incertidumbre generada por el posible cierre de la institución. Esta situación llevó a que algunos trabajadores buscaran otras oportunidades laborales ante la falta de certeza sobre el futuro de la Oficina.