En un esfuerzo por combatir el fraude en los alquileres de viviendas públicas, el Govern de las Islas Baleares, junto con el Ayuntamiento de Ibiza, ha llevado a cabo una exhaustiva inspección en seis promociones de viviendas. Esta operación, que se desarrolló durante dos días, ha dado como resultado la detección de nueve posibles infracciones que podrían comprometer la integridad del sistema de alquiler en la isla.

Según un comunicado emitido por el Govern el pasado viernes, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura ha trabajado en colaboración con el Ayuntamiento y la Policía Local para realizar estas inspecciones. La mayoría de las infracciones identificadas involucran el alquiler de viviendas a precios superiores a los establecidos legalmente. Un caso adicional se refiere a la utilización de una vivienda de protección oficial (VPO) para el alquiler de habitaciones y con fines turísticos, lo que podría violar las normas de uso de este tipo de propiedades.

Los implicados en estas infracciones se enfrentan a multas considerables, que oscilan entre 3.000 y 30.000 euros, a las que se pueden añadir sanciones adicionales específicas en función de las cantidades cobradas indebidamente por los alquileres. Este enfoque rigoroso es parte de un esfuerzo más amplio por parte de las autoridades para asegurar el respeto por los precios establecidos en el mercado de la vivienda asequible, un tema crítico en un lugar como Ibiza, donde la presión sobre el mercado inmobiliario es intensa.

La cooperación entre el Govern y el Ayuntamiento no solo apunta a la construcción de nuevos proyectos de vivienda a precios accesibles, en el marco del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI) y el programa Construir para Alquilar, sino también a garantizar el uso legítimo de las viviendas públicas y a mitigar el fraude en el sector. La integridad de las viviendas de protección pública es fundamental para asegurar que quienes realmente las necesitan puedan beneficiarse de ellas.

En el transcurso de esta campaña de inspección, se identificó un caso alarmante en una promoción en la calle Albarca, donde se constató que varias habitaciones se alquilaban a 700 euros cada una, además de su uso para fines turísticos. A su vez, otros residentes y vecinos han indicado que existen más casos de presunto alquiler turístico en otras promociones, apuntando a un problema más amplio que requiere atención inmediata.

El resto de las infracciones encontradas se relacionan con alquileres que superan el precio máximo legal, aunque en una de las situaciones se detectó un alquiler sin contrato, lo que también representa una violación de la ley. La legislación establece que estas infracciones son consideradas graves y conllevan multas que pueden variar entre 3.000 y 30.000 euros, además de eventuales cargos adicionales propiciados por las cuotas cobradas indebidamente.

El Govern señala que si, por ejemplo, un propietario de una VPO cobra de manera injustificada un sobreprecio de 100 euros al mes acumulando durante un año, podría enfrentar una multa aproximada de 5.000 euros. En el caso más extremo, donde el sobreprecio sea de 500 euros mensuales durante cinco años, la sanción podría alcanzar los 30.000 euros, la cifra máxima contemplada para este tipo de infracciones.

Como parte de este proceso, el departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ibiza se encargará de revisar las denuncias para determinar si se aplican sanciones relacionadas con cambios en el uso de las viviendas. Estas posibles penalizaciones pueden llegar a representar hasta el 75 por ciento del valor del mercado de la vivienda implicada, reflejando la seriedad con la que se están abordando estas infracciones.

Para llevar a cabo estas inspecciones, el Govern ha movilizado a tres inspectores, en colaboración con un total de cuatro policías locales, enfatizando así la importancia de una actuación coordinada en la lucha contra el fraude en el sector de la vivienda en Ibiza.