En un firme levantamiento contra las decisiones del Gobierno central, el grupo del Partido Popular (PP) en el Consell de Mallorca ha exigido la derogación de la imposición de la tasa de residuos, tal y como se contempla en la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Consideran que esta medida "atenta contra la autonomía municipal" y limita la capacidad de los ayuntamientos para administrar sus propios recursos y necesidades.

Los representantes del PP han manifestado que la normativa establece la obligatoriedad de que los municipios cubran el 100% del coste de la recogida y tratamiento de residuos a través de una tasa, lo que, según su visión, "castiga a los ciudadanos con un aumento de la carga fiscal". Esta postura fue expresada en un comunicado oficial que refleja la preocupación del partido por el impacto financiero que esta legislación puede tener sobre las familias y el tejido social de la isla.

En esta línea, el PP en el Consell de Mallorca ha presentado una moción dirigida a anular esta imposición, la cual será extendida a todos sus grupos municipales a lo largo de la isla. La iniciativa fue presentada recientemente por figuras clave del partido, como la portavoz Núria Riera, el alcalde de Santa Maria, Jaume Ferriol, y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer, quienes han unido esfuerzos para llevar adelante esta propuesta.

Durante la presentación, el portavoz adjunto del PP en el Consell, Bernat Vallori, afirmó con determinación que los municipios de Mallorca han demostrado ser "líderes" en la implementación de políticas de economía circular y en la gestión sostenible de residuos. Sin embargo, realizó una advertencia seria: la legislación impuesta por el Gobierno central representa un "riesgo para los logros alcanzados", ya que en su perspectiva, obliga a los municipios a trasladar el costo completo del servicio de residuos a sus ciudadanos.

Vallori añadió que esta política "desincentiva el reciclaje", enfatizando que cualquier mejora que un alcalde desee implementar en el servicio de gestión de residuos resultará en un incremento de costos para los vecinos. Esta crítica se sitúa en el contexto de una creciente frustración con la centralización de decisiones que afectan a las comunidades locales.

En su intervención, el portavoz del PP subrayó que la "imposición" del Gobierno de Pedro Sánchez es una clara "invasión de las competencias locales", lo que constituye, a su juicio, una "vulneración de la autonomía municipal". Esta situación, según afirma, limita la capacidad de los ayuntamientos para adaptar políticas fiscales a las necesidades concretas de sus comunidades y alivia así la carga económica que soportan los ciudadanos.

Con estas preocupaciones en mente, el PP en la institución insular ha instado al presidente del Gobierno a "reconocer y respetar la autonomía de los municipios para establecer sus propios tributos". Esta solicitud refleja una profunda convicción sobre la importancia de la autosuficiencia y la autonomía administrativa en los gobiernos locales.

Finalmente, la formación política también ha propuesto que el Gobierno lleve a cabo un "estudio exhaustivo" para determinar el coste real de la gestión de residuos y que se elabore un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular. Este plan, argumentan, debería "ayudar a los municipios a cumplir con los objetivos europeos y nacionales de sostenibilidad" sin perjudicar la economía de las familias ni las competencias de las instituciones locales.

Así, el PP reafirma su compromiso con una gestión de residuos que sea sostenible y equitativa, defendiendo la autonomía municipal como un pilar fundamental para la buena gobernanza y el bienestar de los ciudadanos.