El reciente debate en la Comisión Mixta de Insularidad ha dejado en evidencia las divisiones políticas en torno a la regulación de la compra de propiedades en las Islas Baleares y Canarias. La alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox ha permitido rechazar una propuesta presentada por miembros de la Asociación Socialista Gomera y el senador por Pitiusas, que buscaba implementar un marco normativo para limitar la adquisición de inmuebles por parte de no residentes.

Dicha iniciativa, aunque no vinculante, contaba con el respaldo de dos senadores del Grupo Izquierda Confederal y del PSOE, así como de Coalición Canaria, pero sus esfuerzos no lograron suficiente apoyo para avanzar. La propuesta incluía varias medidas destinadas a fomentar la vivienda asequible y priorizar el acceso a la misma para los residentes de ambos archipiélagos, así como la rehabilitación de edificios.

En particular, los representantes canarios esperaban que las instituciones europeas autorizaran explícitamente restricciones a la compra de vivienda por extranjeros, argumentando que la presión inmobiliaria podría desestabilizar su entorno social, económico y ambiental, dada su condición como Región Ultraperiférica.

En cuanto a Baleares, se planteó la posibilidad de negociar con la Unión Europea para extender estas limitaciones, sugiriendo que enfrenta desafíos similares a los de Canarias. Los senadores de Izquierda Confederal expresaron su preocupación por cómo la compra masiva de propiedades por extranjeros estaba creando una presión sin precedentes sobre el mercado de la vivienda, especialmente en áreas turísticas.

El senador de Coalición Canaria, Pedro Manuel Sanginés, respaldó la propuesta, aunque admitió que el tema es complicado debido a las normas sobre la libre circulación de capitales y personas. Por otro lado, la diputada del PSOE, Dolores Corujo, defendió las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo la derogación de las 'Golden visa' y la implementación de la nueva Ley de vivienda.

Desde la bancada de Vox, el diputado Jorge Campos criticó a Izquierda Confederal por evitar mencionar la palabra "extranjero" en su propuesta, acusándolos de camuflar una postura que, en su opinión, tiene tintes xenófobos. Campos argumentó que restringir la compra de viviendas a ciudadanos no residentes o extranjeros es, de hecho, un acto de xenofobia.

El PP, por su parte, atribuyó el problema de la vivienda a las políticas del Gobierno central, argumentando que son las decisiones del Estado las que han generado una mayor burocracia, inseguridad jurídica y políticas fiscales que afectan la situación habitacional, además de dar impunidad a los okupas en las propiedades.