PALMA, 6 de junio. La presidenta del Gobierno balear, Marga Prohens, ha hecho un llamado al Ejecutivo español para que intensifique el nuevo plan estatal de vivienda, buscando mecanismos que amplíen el financiamiento de los incentivos dirigidos a poner en el mercado las viviendas desocupadas.

Durante una rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona el viernes, Prohens argumentó que es fundamental que estas propiedades vacías cuenten con incentivos adecuados y, sobre todo, con la seguridad jurídica que solo puede proporcionar el Gobierno central.

En este contexto, la presidenta ha demandado que se active con urgencia la conocida 'ley antiokupación' en el Congreso. Esta normativa es esencial, según Prohens, para poder desalojar a los 'okupas' en un plazo de 24 horas, garantizando así los derechos de los propietarios.

Prohens subrayó que sin la seguridad jurídica necesaria, es difícil que los propietarios se sientan motivados a poner sus viviendas vacías en el mercado de alquiler asequible, en un escenario donde la ocupación ilegal se ha convertido en un problema creciente.

Además, Prohens ha instado al Gobierno a transferir los recursos necesarios a las comunidades autónomas para compensar a aquellos propietarios que no pueden desalojar a los inquilinos debido a su situación de vulnerabilidad. "Los fondos recibidos hasta ahora son claramente insuficientes", añadió.

La presidenta también propuso establecer líneas de ayuda directa y la cesión de terrenos públicos del Gobierno a las comunidades para fomentar la construcción de vivienda pública de alquiler asequible, especialmente para funcionarios del Estado, incluidos cuerpos de seguridad, personal judicial y sanitario. Asimismo, solicitó un incremento en las ayudas al alquiler que actualmente ofrece el Gobierno de España, ya que no se ajustan al precio medio real del mercado en Baleares.

Prohens advirtió que la escalada en los precios de la vivienda en las islas ha generado una falta de cobertura de plazas para empleados públicos en diversas administraciones. Esta problemática se agrava en sectores críticos como las fuerzas de seguridad, el sistema sanitario y la educación.

Finalmente, la presidenta pidió que el Gobierno, al igual que el Govern ha actualizado el complemento de insularidad para los funcionarios autonómicos, realice una revisión inmediata de la indemnización por residencia para los funcionarios del Estado, asegurando así una calidad de vida digna en las Islas Baleares.

En la actualidad, hay 750 vacantes en cuerpos como la Policía Nacional y la Guardia Civil en el archipiélago, lo cual representa un agravio comparativo con otras comunidades autónomas en un tema tan vital como la seguridad ciudadana.