El 16 de enero, la Plataforma de Psicólogos Clínicos de Baleares ha hecho público un reclamo formal ante el Instituto de Salud de Baleares (IbSalut) debido a la reciente decisión de contratar a profesionales que no cuentan con el título de Especialista en Psicología Clínica para realizar labores en el área de Atención Primaria.

Según lo expuesto en la reclamación, firmada por el abogado Pablo Alonso de Caso, esta acción no solo va en contra de la legislación sanitaria actual, sino que también representa un daño significativo al sistema de salud pública de las Islas Baleares.

Documentos a los que Europa Press ha tenido acceso revelan que la plataforma solicita que se anulen todas las contrataciones de personal no especializado en psicología clínica que se hayan efectuado en los centros de Salud de Atención Primaria del Servicio Público de Salud de Baleares. Además, demandan que dichos puestos vacantes sean ocupados por psicólogos debidamente cualificados.

En su declaración, los psicólogos han enfatizado que la normativa nacional es clara al exigir que las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud sean proporcionadas únicamente por profesionales legalmente acreditados, lo que incluye la formación especializada requerida para el ejercicio de esta profesión.

La plataforma sostiene que la inclusión de profesionales carentes de dicha titulación para realizar funciones de Psicología Clínica equivale a incumplir el marco legal destinado a garantizar el acceso y la organización eficiente del sistema sanitario público.

Desde este colectivo han manifestado que el respeto hacia la ley no debe considerarse un tema corporativo, sino como un principio fundamental que rige la atención sanitaria pública. Este respeto asegura que la atención brindada a los ciudadanos se realiza con criterios de calidad y responsabilidad profesional, distribuidos uniformemente en todo el país y respaldados por una formación adecuada.

Asimismo, han señalado que esta medida adoptada por el IbSalut no resuelve los problemas subyacentes que afectan a la salud mental en las Islas, como la falta de planificación de recursos humanos a largo plazo, el escaso número de plazas para especialistas y la insuficiente inversión en formación especializada.

Según su perspectiva, esta iniciativa solo aporta soluciones temporales que comprometen la integridad del sistema, incrementando la precariedad tanto organizativa como asistencial.

La Plataforma también ha llamado la atención sobre el impacto negativo que estas contrataciones pueden tener en la formación de futuros especialistas, ya que debilitan el modelo formativo y obstaculizan la creación y ampliación de plazas en el Programa de Formación de Psicología Clínica (PIR), esenciales para la viabilidad del sistema público de salud mental.

En este sentido, los psicólogos clínicos han declarado que la queja formal presentada es el último recurso administrativo antes de llevar el caso a instancias judiciales, buscando así la defensa del cumplimiento de la ley y de los derechos de los ciudadanos a recibir atención especializada.

Por todo lo anterior, hacen un llamado al Govern para que reevalúe esta decisión, detenga las contrataciones ilegales y abra un canal de diálogo con los profesionales del sector, con el fin de fortalecer un modelo de atención psicológica fundamentado en la legalidad, la formación especializada y una planificación acorde a las verdaderas necesidades del sistema.