El rapero Valtònyc regresó a España después de prescribir los delitos de injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo que pesaban sobre él.
El juicio promovido contra el rapero, cuyo nombre real es José Miguel Arenas Beltrán, está programado para este martes en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla. Fue procesado por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y alternativamente un posible delito de amenazas agravadas, relacionados con sus menciones a la Guardia Civil durante un concierto en Marinaleda.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa emitió un auto de apertura de juicio oral el 18 de mayo de 2022, en el que la Fiscalía solicita una pena de cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por el presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado, y tres años de cárcel por el posible delito de amenazas agravadas.
Se dice que durante el concierto en Marinaleda el 31 de marzo de 2018, el rapero incitó al público a actuar contra la Guardia Civil, pronunciando palabras como "Matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno, poned una puta bomba al fiscal de una vez". Estas palabras han sido objeto de denuncia y se le acusa de un presunto delito de odio.
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que también forma parte de la acusación en este caso, afirma que las manifestaciones del rapero expresaron de forma delictiva un odio irracional hacia los guardias civiles.
La asociación sostiene que las palabras del cantante no pueden ser interpretadas como parte de la libertad de expresión, ya que no formaban parte de la letra de una de sus canciones, sino que tenían la intención de incitar a un numeroso grupo de personas y representaban un riesgo de que el público pudiera llevar a cabo esas acciones.
Después de recibir la denuncia de la AUGC y de que la Fiscalía iniciara diligencias, el Juzgado número dos de Estepa abrió un proceso judicial que finalizó en mayo de 2022 con el auto de apertura de juicio oral, designando a la Audiencia de Sevilla como el tribunal competente para llevar a cabo el juicio.
El rapero mallorquín se había fugado de España en junio de 2018, después de ser condenado por la Audiencia Nacional por delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona, cometidos entre 2012 y 2013. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo, pero recientemente decidió regresar al país después de que estos delitos prescribieran.