El Govern de las Islas Baleares ha expresado su firme intención de no descartar la posibilidad de solicitar apoyo a las instituciones europeas, con el objetivo de que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex, se establezca en el archipiélago para llevar a cabo un control exhaustivo de las fronteras. Esta inquietante propuesta surge en el contexto de lo que el Gobierno balear califica como una “dejación de funciones” por parte del Gobierno central en lo que respecta a la crisis migratoria que afecta a la región. El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha subrayado que esta situación es evidente para todos los habitantes de las islas.

Durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha dejado claro que la mayor indignación que sienten en Baleares proviene del continuo rechazo del Gobierno de Pedro Sánchez a reconocer la consolidación de la ruta migratoria proveniente de Argelia. Esta negativa ha llevado a la administración balear a contemplar, como una opción futura, la intervención de instancias europeas y la necesidad de que Bruselas asuma un papel activo en la gestión de la situación.

El conseller ha criticado con vehemencia la inacción del Ejecutivo estatal, afirmando que no se han implementado medidas efectivas para mitigar la crisis derivada de la ruta argelina. Costa ha sido claro al manifestar que la responsabilidad de controlar esta situación recae en el Gobierno de España, que, según él, ha mostrado una falta de respuesta oportuna ante el problema.

Además, Costa ha reafirmado su postura en contra de la propuesta de repartir menores migrantes entre las distintas comunidades autónomas, argumentando que este asunto debería ser abordado desde una perspectiva de capacidad y no de solidaridad. La administración balear sostiene que la capacidad de acogida es un factor crucial y que no se puede sacrificar la calidad de la atención brindada a los que ya se encuentran en las islas por razones de solidaridad mal entendida.