IBIZA, 13 de septiembre. La compañía Baleària ha decidido llevar ante la justicia el acuerdo adoptado por el pleno del Consell de Ibiza el 28 de marzo de 2025, que implementa la Ley 7/2024 sobre la regulación de la llegada de vehículos para promover un turismo sostenible.

En un comunicado oficial, Baleària ha solicitado la anulación de la restricción que el Consell ha decidido establecer, la cual dejará de ser efectiva a partir del 30 de septiembre próximo. Además, la naviera exige al juez que examine la posible inconstitucionalidad de la medida.

Según la empresa, esta regulación afecta a dos derechos fundamentales: el derecho a la igualdad, al considerar de manera diferente a los propietarios no residentes y a los no propietarios, y el derecho a la movilidad, obstruyendo la circulación dentro del territorio español.

La demanda se apoya en un exhaustivo análisis técnico-criminológico, así como en un estudio realizado por una consultora especializada. Según el dictamen legal de la Universitat Jaume I, la decisión del Consell se considera "inadecuada tanto técnica como jurídicamente", abordando de manera parcial un problema que requiere un análisis más riguroso en términos de seguridad vial y sostenibilidad ambiental.

El informe también critica la medida como un claro ejemplo de "greenwashing" normativo, es decir, una simulación de compromiso ecológico que, aunque parece restrictiva en forma, resulta ineficaz en realidad.

Los expertos subrayan que la política del Consell no aborda la principal causa del tráfico en la isla, que son los vehículos de los residentes. Asimismo, el informe destaca que el Consell no ha proporcionado justificaciones válidas sobre la adopción de esta medida frente a alternativas menos restrictivas y más efectivas que habían sido ya contempladas en otros planes estratégicos, como las zonas de bajas emisiones o la mejora del transporte público.

El análisis señala que la imposición de esta normativa genera un sacrificio económico considerable para el transporte marítimo, que supera por mucho los beneficios ambientales que, según el informe, serían prácticamente imperceptibles, lo que contradice el principio de transición justa que propone la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Por otro lado, el estudio también resalta que, aunque la ley balear tiene como fin ciertos objetivos ambientales, el diseño de la medida por parte del Consell es "ineficaz" al carecer de mecanismos de supervisión y diferenciación entre tipos de vehículos y niveles de emisiones.

Además, hace hincapié en que el Consell no cuenta con herramientas para comprobar si un vehículo está registrado en la isla, a pesar de cobrar una tarifa para implementar las medidas de control.

La consultora Meteoclim respalda las afirmaciones de Baleària con datos científicos que demuestran que la medida no solo carece de beneficios ambientales y de movilidad, sino que además representa un riesgo tanto presente como futuro para la estructura del transporte marítimo en la región.

El informe también advierte sobre el "efecto llamada", sugiriendo que a través del empadronamiento de vehículos en la isla, se puede sortear la restricción, lo que ha llevado a un aumento de más del 70% en las matriculaciones en el período de febrero a junio de 2025 respecto a años anteriores.

Adicionalmente, la demanda menciona otros puntos, incluyendo el incumplimiento de plazos por parte del Consell y la declaración irregular de urgencia en la tramitación de esta restricción, que estuvo estancada durante varios meses.

Baleària también ha criticado la falta de cumplimiento del Consell en proporcionar un servicio de transporte público interno eficiente.

El presidente de Baleària, Adolfo Utor, ha manifestado su deseo de que, pese a que el acuerdo del Consell perderá su validez el 30 de septiembre, se produzca una resolución judicial que aborde el fondo del asunto.

Utor se ha referido al acuerdo del Consell como un "despropósito político y administrativo" y una "chapuza jurídica", añadiendo que espera que los argumentos presentados en la demanda provoquen una reflexión amplia y colectiva.

Además, ha enfatizado que esta medida restrictiva podría afectar gravemente a un sector clave para la isla, advirtiendo sobre las posibles consecuencias negativas para la frecuencia y calidad del transporte marítimo en un futuro cercano.

Finalmente, el presidente de Baleària ha denunciado que esta normativa implica una "flagrante discriminación" hacia el transporte marítimo, ya que los pasajeros de barco deben enfrentarse a limitaciones, tasas y trámites complicados, mientras que los del transporte aéreo pueden comprar sus billetes y alquilar vehículos sin restricciones.

"Mientras el resto de Europa favorece el transporte ferroviario y marítimo, en Baleares se hace un enfoque opuesto, comprometiendo tanto el medio ambiente como la conectividad marítima", ha concluido Utor.