En Palma, el 23 de agosto, se ha confirmado que el Gobierno de las Islas Baleares no tiene intenciones de modificar, al menos en el corto plazo, las exigencias relacionadas con el uso del catalán en las funciones públicas.

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha enfatizado la importancia del papel del Gobierno en las negociaciones entre sindicatos y patronales. Ha subrayado que tanto ella como su equipo abogan por un enfoque de diálogo constructivo, dejando claro que su objetivo no es provocar conflictos mediáticos ni monopolizar debates, sino “crear puentes” entre las partes involucradas.

En una entrevista con Europa Press, Cabrer declaró que su departamento se dedica a fomentar el diálogo y el entendimiento, evitando la presión y las imposiciones, ya que estas no resultan en acuerdos positivos. “Siempre trataré de facilitar la comunicación, sin generar tensión ni forzar resultados”, afirmó.

La consellera también desafió la idea de que el Gobierno no ha intervenido en conflictos laborales, argumentando que ella misma ha mediado en diferentes disputas laborales que han llegado a resolverse de manera satisfactoria, como las que se dieron en el ámbito del transporte público y la hostelería.

Cabrer se mostró satisfecha con los resultados de estos acuerdos, que han llevado a incrementos salariales y mejoras en las condiciones laborales. En el caso de la hostelería, destacó que la posibilidad de una huelga relacionada con el aeropuerto aceleró las negociaciones, aunque aseguró que el consenso estaba próximo antes de la crisis.

En cuanto al transporte, la consellera admitió que lamentaba la huelga ocurrida, reconociendo los inconvenientes que esto generó a la ciudadanía. Sin embargo, insistió en la relevancia de la negociación colectiva y cómo estas situaciones pueden ser parte del proceso de alcanzar un acuerdo satisfactorio.

“A veces las negociaciones incluyen momentos de fuerte tensión, como ocurrió con el TIB, pero son parte del juego. El ejercicio del derecho a huelga es legítimo y un recurso que los trabajadores tienen para hacer valer sus demandas”, explicó, alabando la capacidad de diálogo mostrada por sindicatos y empresas.

Sobre la posibilidad de que la Administración asuma el control del TIB, Cabrer aclaró que no está en la agenda del Gobierno, aunque sí enfatizó la necesidad de que las concesiones funcionen de manera adecuada para el bienestar de todos.

En relación con las futuras concesiones, la consellera subrayó la importancia de considerar el bienestar de los trabajadores, criticando al Gobierno anterior por no haber incluido cláusulas de ajustes salariales en los contratos firmados.

Cabrer se mostró orgullosa de que su conselleria incluya el concepto de diálogo social en su denominación, asegurando que este enfoque es fundamental para su gestión: “Estoy convencida de que el diálogo social debe estar en el corazón de nuestra actividad”, destacó.

Al abordar temas relacionados con su área, Cabrer informó sobre la actual integración de IB3 en la administración pública, mencionando que unos 300 profesionales ya han sido incorporados y que se está revisando su situación laboral para asegurarse de que se cumplen los estándares necesarios.

La consellera también indicó que se está recolectando información sobre los profesionales de IB3 y reconoció la rigidez de la administración en ciertos aspectos, lo que puede complicar el proceso de adecuación laboral.

Respecto a la situación del catalán en la Función Pública, Cabrer confirmó que no se esperan cambios en las exigencias relacionadas con el idioma en un futuro cercano: “Continuaremos con los requisitos actuales para el acceso a la administración pública”, señaló.

Con la mirada puesta en el próximo periodo político, Cabrer expresó su compromiso de llevar a cabo la ley de conciliación, que fue aprobada en junio, y de revitalizar el plan contra el absentismo que había defendido anteriormente.