PALMA, 21 de agosto.

El archipiélago balear se prepara para solicitar la intervención de la justicia en relación con el programa de acogida de menores migrantes provenientes de Canarias y Ceuta. Esta medida surge antes de la posible recepción de 49 jóvenes, programada para el próximo martes conforme a un decreto gubernamental.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, realizó este anuncio durante una conferencia de prensa tras una extensa reunión con los líderes de los consells de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, donde se discutieron los pasos a seguir ante esta situación.

El Govern ha tomado la decisión de establecer un enfoque legal que impida el inicio del reparto de migrantes, previsto para el 28 de agosto, destacando la urgencia de encontrar una solución adecuada.

Prohens recordó que en marzo pasado, el Tribunal Constitucional aceptó el recurso presentado por el Govern en contra de la modificación de la ley de extranjería, que respalda este reparto de menores.

Asimismo, la presidenta anunció que también impugnarán el real decreto del 22 de julio que define el procedimiento de acogida para estos jóvenes, así como la resolución que el Ejecutivo planea aprobar la próxima semana para activar el reparto. Solicitarán a la justicia la suspensión cautelar de este decreto, argumentando las condiciones críticas que enfrentan los sistemas de acogida en las islas.

Actualmente, Baleares alberga a 680 menores extranjeros no acompañados que han llegado a las costas isleñas en embarcaciones, con más de 300 de ellos llegando solo este año. La situación es alarmante, con una saturación en los centros de acogida que supera el 1.000 %.

Además, Prohens advirtió que los mismos menores han informado sobre la llegada inminente de cientos de jóvenes desde Argelia, que están en espera de cruzar el Mediterráneo en los próximos meses.

"Necesitamos dejar claro que ya no podemos ofrecer condiciones dignas para la acogida de más menores. A todos aquellos que están esperando llegar a nuestra costa: carecemos de los recursos necesarios, de profesionales y de infraestructura. Es posible que tengamos que habilitar espacios que no son adecuados para la vida de un menor", manifestó la presidenta, reflejando la gravedad de la situación actual.