PALMA, 23 de octubre.
La Conselleria de Educación y Universidades de Baleares ha lanzado recientemente unas nuevas directrices publicadas en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB), que tienen como objetivo regular el proceso de evaluación del alumnado en todos los niveles de educación, desde infantil hasta bachillerato.
Este anuncio, realizado por la propia Conselleria, busca dotar al sistema educativo de una estabilidad a largo plazo, evitando depender de decisiones cambiantes cada año y asegurando que la evaluación se realice de manera uniforme en todos los centros del archipiélago.
Entre las características más destacadas de estas nuevas órdenes se encuentra el reconocimiento de la autonomía de los centros educativos, que podrán establecer sus propios criterios de evaluación y calificación, lo que favorecerá la intervención profesional de los docentes en la toma de decisiones educativas.
Asimismo, las nuevas regulaciones consideran las particularidades de cada nivel educativo, abandonando enfoques rígidos que no se adaptan a la diversidad de objetivos y contenidos que se manejan en las diferentes etapas del aprendizaje escolar.
Además, se han diseñado acciones comunes para las sesiones de evaluación, garantizando así que todos los centros sigan un mismo patrón y se definan claramente los momentos en que las familias recibirán información sobre las calificaciones de sus hijos.
Un punto a resaltar es que la Conselleria ha simplificado la manera en que la información se comunica a las familias; todas las calificaciones se presentarán en un único documento al finalizar el proceso evaluativo, lo que tiene como fin reducir la burocracia y hacer más transparente el proceso.
Con respecto a la coordinación entre diferentes etapas educativas, también se ha establecido un protocolo para el intercambio de información vital sobre el aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, al pasar de la educación infantil a la primaria, se compartirán datos esenciales sobre habilidades de lectoescritura y matemáticas, entre otros aspectos importantes.
Por último, estas nuevas órdenes ofrecen un marco claro y transparente para el manejo de posibles reclamaciones, tanto por parte de las familias como de las instituciones educativas, lo que refuerza la seguridad jurídica y garantiza una resolución adecuada de las diferencias que pudieran surgir.
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