El conseller de Empresa, Autónomos y Energía del Govern balear, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha tomado la iniciativa de dirigirse a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, a través de una carta en la que solicita financiación del estado para el transporte interinsular de residuos en Baleares.

En su misiva, Sáenz de San Pedro critica la decisión de la ministra, quien, según él, carece de un fundamento jurídico y técnico adecuado para rechazar la financiación solicitada por las islas. Además, se ha apresurado a aclarar que Baleares sí dispone de planes de gestión de residuos que cumplen con la legislación estatal vigente.

El conseller destaca la relevancia de esta financiación estatal, enfatizando que es esencial para garantizar no solo la equidad en el territorio, sino también el cumplimiento de objetivos ambientales que benefician a toda España. Esto es especialmente crítico en regiones como Formentera e Ibiza, donde los costos logísticos son considerablemente más altos.

El conseller también ha expresado su preocupación con respecto a afirmaciones realizadas por la ministra en el Senado, donde indicó que Baleares no tiene un plan de gestión de residuos conforme a la ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados. En respuesta, Sáenz de San Pedro asegura que cada isla cuenta con su propio plan director sectorial de residuos, vigente desde 2019, aprobado por los respectivos consells insulars.

Según la argumentación del conseller, estos planes, elaborados bajo la normativa autonómica y estatal, son la columna vertebral del modelo de gestión de residuos en las islas. Asimismo, ha recordado que la ley 7/2022 obliga al Estado a financiar el sobrecoste asociado al transporte de residuos en territorios no peninsulares, lo que subraya la necesidad de apoyo estatal en este ámbito.

Sáenz de San Pedro también ha señalado que la legislación balear que regula los residuos, aprobada en 2019, fue pionera al incorporar principios de la economía circular que más tarde serían incluidos en la normativa estatal, lo que demuestra el compromiso del Govern balear con una gestión ambientalmente responsable.

El conseller ha aclarado que el plazo de tres años mencionado en la ley 7/2022 se refiere a la adaptación de autorizaciones y comunicaciones, no a la necesidad de revisar los planes de gestión, los cuales deben actualizarse cada seis años. Por este motivo, ha anunciado que ya se han iniciado los trámites para la revisión de los cuatro planes insulares en cuestión.

Finalmente, Sáenz de San Pedro ha instado a Aagesen a reconocer el esfuerzo que las administraciones insulares han realizado en materia de planificación y gestión de residuos, además de activar los mecanismos de apoyo que prevé la legislación actual.