PALMA, 24 de julio.

En medio de un período de creciente carga judicial en Baleares, Gabriel Oliver ha asumido el cargo de presidente de la Audiencia Provincial de Palma con el firme propósito de explorar "soluciones creativas" para abordar esta creciente situación. Oliver hizo estas declaraciones durante su primera rueda de prensa, celebrada tras su nombramiento por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) después de casi dos años con una presidencia que carecía de estabilidad.

A pesar de ser consciente de la gravedad del panorama, el nuevo presidente ha adoptado un enfoque modesto y humilde en su plan de acción. Su objetivo es enfrentar la saturación de trabajo que enfrentan las distintas secciones de la Audiencia, buscando maneras efectivas para aumentar la tasa de resolución de casos.

Entre las propuestas discutidas en los últimos meses, una que ha cobrado relevancia es la posibilidad de que la Sección Segunda de la Audiencia, responsable de los casos penales, dedique sus esfuerzos exclusivamente a juicios durante un tiempo determinado. Esta medida se considera necesaria para aliviar la acumulación de casos que actualmente enfrenta esta sección.

Si bien Oliver reconoce que la Sección Segunda es la que enfrenta la carga más crítica en términos de colapso, se ha mostrado cauteloso al afirmar que todavía no ha estudiado a fondo dicha propuesta a pesar de que ha sido planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El fenómeno del creciente volumen de trabajo no solo afecta a Baleares, ha subrayado, sino que se observa en muchas otras regiones de España. "En tiempos recientes, el aumento ha sido notable y en ocasiones se convierte en insostenible. Todos comparten la misma preocupación por los retrasos en las resoluciones", afirmó Oliver.

En el caso particular del archipiélago, el nuevo presidente evaluó que el "grave problema" en el aumento de las cargas de trabajo, tanto en el ámbito civil como penal, podría estar vinculado al crecimiento demográfico de la región. Este factor debe ser considerado al momento de evaluar los recursos disponibles en los tribunales y buscar soluciones efectivas a esta complexa situación.