El Ayuntamiento de Palma se encuentra en el centro de un intenso debate político tras el anuncio del grupo socialista, que ha decidido presentar una moción en el pleno de julio. Su objetivo es frenar el desarrollo de áreas de transición urbano, recientemente convertidas en urbanizables gracias a un pacto entre PP y Vox en el Parlament.

Xisco Ducrós, portavoz del PSOE en Cort, no ha escatimado en críticas, afirmando que la nueva ley podría "destrozar la ciudad". Según sus palabras, la conversión de terrenos rústicos en urbanizables responde a "caprichos especulativos" que únicamente benefician a desarrolladores, mientras perjudican a la población en general.

En un comunicado, el PSOE ha indicado que la moción también exigirá la transparencia en la gestión municipal, solicitando la publicación de la agenda de reuniones del alcalde, Jaime Martínez, y del concejal de Urbanismo. El objetivo es revelar las interacciones que han tenido con promotores y propietarios de terrenos en la ciudad.

Ducrós argumenta que esta ley promoverá un crecimiento desmedido sin garantizar servicios públicos adecuados. Según él, se construirán altos edificios en torno a los barrios sin un plan que refuerce las infraestructuras necesarias, advirtiendo que la falta de planificación podría tener efectos devastadores sobre la calidad de vida de los ciudadanos.

El grupo socialista ha proyectado las consecuencias de esta normativa, estimando que 403 hectáreas en 15 barrios de Palma podrían desarrollarse, lo que dispararía la población de 60.000 a 150.000 personas, un aumento sin precedentes del 153 por ciento. "La densidad propuesta es inaceptable", ha afirmado Ducrós.

Además, ha sido explícito al señalar que tanto el PP como Vox ven en Palma una oportunidad de negocio que beneficia a un selecto grupo a expensas de los derechos ciudadanos y del entorno. Como ejemplo, mencionó una oferta reciente de 12 millones de euros por tres hectáreas en Son Sardina, efectuada poco antes de la aprobación de la ley.

Ducrós también ha puesto el dedo en la llaga sobre la crisis de vivienda en Palma, describiendo una "emergencia habitacional" que requiere "soluciones inmediatas". Lamentó que la ciudad haya escalado a la posición de ser la más cara para vivir en España, con aumentos en el alquiler del 10% en 2024 y casi otro 11% en el primer trimestre de 2025.

Entre las propuestas de los socialistas se encuentra la aplicación de la Ley de Vivienda estatal para regular precios y la revitalización del Plan General anterior, que contemplaba 20.000 viviendas, la mitad de ellas con protección pública, junto con servicios complementarios como áreas verdes, escuelas y centros de salud.

El concejal Pepe Martínez, por su parte, ha aclarado los fundamentos técnicos utilizados para valorar el impacto de la nueva normativa. Según Martínez, las áreas de transición deben estar situadas al lado de zonas urbanas, tener una anchura de al menos 100 metros y no estar ubicadas en zonas inundables. Al cumplir estos requisitos, predice que "los barrios verán duplicada, triplicada o cuadruplicada su población".

Martínez también ha instado al gobierno municipal a proporcionar explicaciones claras a los ciudadanos sobre los posibles efectos de esta normativa. "Hay tres escenarios posibles, todos negativos: o redactaron la ley sin conocer sus implicaciones, o son conscientes pero no lo han comunicado adecuadamente, o saben lo que hacen y lo ocultan al pueblo", concluyó.