En una reciente decisión, el Tribunal Supremo ha decidido archivar una denuncia presentada por el partido Vox contra Francina Armengol, actual presidenta del Congreso de los Diputados, en relación a la compra de mascarillas durante su gestión como presidenta del Gobierno Balear. Los magistrados argumentan que no hay motivos suficientes para abrir una investigación, dado que la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea ya están analizando la adquisición de material sanitario en el contexto de la pandemia.

La denuncia, presentada el 21 de octubre de 2024, no solo incluía a Armengol, sino también a Koldo García, un ex asesor ministerial, así como a empresarios de la firma Soluciones de Gestión, que supuestamente facilitó los contratos en cuestión. Vox acusaba a los imputados de diversos delitos, tales como malversación, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros.

En su argumentación, Vox destaca que se realizó un contrato entre el Instituto Balear de Salud y Soluciones de Gestión que consideraron irregular, haciendo hincapié en que esta contratación no se justificó adecuadamente ni por la urgencia de la situación que se vivía en aquel momento. Aseguraron que las maneras en que se gestionaron los contratos violaban los principios de transparencia y seguridad que exige la normativa vigente en materia de contratación pública.

En total, el contrato oscilaba en torno a la compra de 1,48 millones de mascarillas FPP-2 por un total de 3,7 millones de euros, que fueron entregadas en abril de 2020. Sin embargo, se constató que las mascarillas no cumplían con los estándares requeridos, lo cual generó acusaciones de falsedad documental cuando el IBSALUD emitió un certificado de conformidad a pesar de conocer la situación.

Vox también mencionó que Soluciones de Gestión había trabajado con el Estado y otras comunidades autónomas, insinuando la posibilidad de que existieran más irregularidades en esas transacciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha considerado que los datos proporcionados por Vox son insuficientes para justificar una investigación sobre Armengol.

El alto tribunal, liderado por el magistrado Manuel Marchena, enfatizó que abrir una investigación adicional podría ser redundante e injustificada, ya que otras instancias están en proceso de esclarecer estos hechos. Según el Supremo, el correcto abordaje es que la Audiencia Nacional continúe indagando sobre los contratos de mascarillas, que abarcan también contratos de otras comunidades y entidades, por un total de casi 40 millones de euros.

Finalmente, el Tribunal recuerda que, cuando surjan pruebas que incriminen a personas aforadas en el proceso actual, será necesario que dicha información sea elevada nuevamente a su sala para una evaluación adecuada.