El día de hoy, un valiente guardia civil se presentó ante la Audiencia Provincial para respaldar la investigación que se está llevando a cabo sobre presuntos sobornos a policías por parte de un empresario de la Playa de Palma. Durante su testimonio, hizo hincapié en la gran cantidad de declaraciones que apuntaban directamente a personas específicas dentro de la Policía Local.

Esta comparecencia se enmarca en la sexta sesión del juicio del caso Playa de Palma, una investigación que ha sacado a la luz una presunta trama de corrupción en la Policía Local de Palma. El fiscal Anticorrupción Juan Carrau está solicitando penas de prisión que podrían alcanzar los 50 años para todos los acusados, quienes enfrentan cargos por delitos de prevaricación administrativa y cohecho.

En el banquillo se encuentran nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y un empresario del ocio nocturno, Miguel Pascual, todos acusados de participar en un entramado para favorecer a los locales de este último en el Arenal, presuntamente a cambio de favores sexuales y trato privilegiado.

El guardia civil que testificó hoy detalló el extenso trabajo de recopilación de testimonios que se llevó a cabo, involucrando a limpiadoras, trabajadoras sexuales, empleados y propietarios de negocios para identificar a los responsables. Se realizaron reconocimientos con anexos fotográficos para ayudar en el proceso.

Al ser cuestionado por la Fiscalía acerca de las prácticas de reconocimiento fotográfico, el agente defendió que todo se realizó de manera transparente y sin coerción hacia los testigos. La investigación arrojó indicios de que algunos miembros de la Policía Local estaban involucrados en actividades fuera de su deber, especialmente en la zona del Arenal.

Dentro de los testimonios recopilados se mencionaban casos donde los policías recibían servicios de prostitución y consumiciones gratuitas en los locales investigados. Se hizo hincapié en que la investigación estaba focalizada en individuos específicos y no en la totalidad de la Policía Local o unidades completas.

Además, el guardia civil resaltó que la investigación se limitaba a los negocios de Bartolomé Cursach y Miguel Pascual, descartando una generalización en cuanto a tratamientos preferenciales a la Policía en zonas de ocio. También se analizaron los datos de actividad de los Grupos de Actuación Preventiva, detectando discrepancias que sugerían un posible beneficio para ciertos empresarios en la zona.

En resumen, la intervención del guardia civil ante la Audiencia Provincial ha arrojado luz sobre las complejidades de este caso de corrupción en la Policía Local de Palma, señalando la importancia de continuar con una investigación exhaustiva y justa para todos los involucrados.