El juez de la Audiencia Nacional está investigando presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. Se ha revelado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, se reunió en enero con su exasesor Koldo García en una marisquería de Madrid para discutir la reclamación que Baleares ha hecho respecto al expediente de las mascarillas.

En un auto del pasado 7 de febrero, el juez Ismael Moreno señala a José Luis Ábalos como un "intermediario" en esta presunta trama.

El auto autorizaba intervenciones telefónicas a los investigados, donde se mencionaba a Ábalos y a Jacobo Pombo como intermediarios en el caso.

Hasta el momento, ni Ábalos ni Pombo están siendo investigados en el proceso que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional contra siete personas, una de ellas Koldo, por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.

El juez destaca una reunión que tuvo lugar el 10 de enero en un restaurante de Madrid entre Koldo y Ábalos, considerando que tiene relevancia para los hechos investigados, especialmente tras una conversación telefónica entre Juan Carlos Cueto, presunto líder de la trama, y Koldo.

De acuerdo con la investigación, Cueto le pidió a Koldo que antes de viajar a Perú el 11 de enero le comunicara algo a un tercero. Se menciona que lo discutido en esa reunión con Ábalos estaría relacionado con la reclamación de 2,6 millones de euros por parte de Soluciones de Gestión a la Administración balear.

Esta reclamación surge de un contrato de 3,7 millones de euros entre la empresa y el IbSalut en abril de 2020. A pesar de las circunstancias confusas en torno al destino inicial de las mascarillas, el IbSalut recibió el cargamento de 1,4 millones de mascarillas en abril.

Desde el IbSalut han señalado que la reclamación sigue en curso, a pesar de los obstáculos presentados por el certificado de conformidad emitido en agosto de 2020, que indicaba que el contrato se había cumplido satisfactoriamente, a pesar de los análisis posteriores que mostraron que las mascarillas no cumplían con los requisitos de una FFP2.

El proceso para exigir compensación por parte del anterior Gobierno se retrasó durante tres años, lo que provocó que la Guardia Civil y la Fiscalía comenzaran una investigación en 2022. Finalmente, en agosto de 2023, se emitió una resolución parcial de contrato, pero el expediente aún está en la fase de resolución de alegaciones.

A pesar de las especulaciones de que la reclamación podría haber caducado en enero, el IbSalut afirma que sigue vigente, aunque se ha sugerido que García pudo haber intentado frenar la reclamación según conversaciones entre los imputados.