PALMA, 12 de octubre. En una reciente entrevista, la profesora Margalida Capellà, experta en Derecho Internacional y directora del Observatorio de Migraciones en el Mediterráneo de la Universitat de les Illes Balears, ha manifestado su escepticismo respecto a la efectividad del despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, conocida como Frontex. Según ella, esta medida no logrará detener la llegada de embarcaciones con migrantes al archipiélago balear.

La opinión de Capellà surge en un momento clave, justo antes del viaje de la presidenta del Govern, Marga Prohens, a Bruselas, donde se reunirá con el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. Prohens tiene la intención de solicitar la implementación de Frontex en Baleares como parte de una estrategia para abordar la crisis migratoria que afecta a la región.

A pesar de la insistencia del Ejecutivo autonómico en que este despliegue es una solución viable, Capellà sostiene que la presencia de los agentes de Frontex no tendrá un impacto significativo en el volumen de migrantes que arriban a las costas españolas. Si el objetivo es controlar la migración irregular, la académica argumenta que es fundamental reconocer que la mayoría de las llegadas se producen a través de aeropuertos y no por mar.

Además, la profesora opina que la única forma de reducir el flujo de pateras es facilitando visados de trabajo para migrantes en Baleares y en todo el territorio español. Sin embargo, señala que las políticas actuales están "bloqueadas" y no permiten un avance en este sentido.

Capellà también destaca que ha observado a muchos migrantes subsaharianos que, antes de embarcarse en una peligrosa travesía marítima, intentan obtener un visado laboral, pero sin éxito. Esto subraya la necesidad de revisar las políticas de inmigración y dar opciones legales a quienes buscan mejorar sus condiciones de vida.

En el caso de que Frontex lleve a cabo su despliegue en las Islas Baleares, Capellà aclara que su papel se limitaría a la colaboración con las fuerzas de seguridad locales. Aunque admite que podrían contribuir en tareas de vigilancia aérea y detección de embarcaciones en riesgo, insiste en que Frontex no debería ser visto como un salvavidas para las personas que navegan en condiciones precarias.

Adicionalmente, ha señalado que, aunque la agencia podría intervenir en la identificación de redes de tráfico ilegal, el impacto real de su actuación en la reducción de la migración irregular es, en su opinión, limitado. Ella expresa sus dudas sobre si la reunión con el comisario Brunner producirá los resultados que el Govern espera, ya que considera que Frontex no tiene la capacidad de frenar las salidas desde Argelia.

Por otro lado, varias ONGs, como Amnistía Internacional y Sea Watch, han alertado sobre las violaciones de derechos humanos asociadas con las operaciones de Frontex. De hecho, el actual director de la agencia, Hans Leijtens, asumió el cargo tras una serie de acusaciones en contra de su predecesor, quien estaba implicado en prácticas controvertidas, como las devoluciones en caliente en el Mediterráneo.

Capellà también ha expresado su preocupación por el riesgo de que las detenciones de migrantes se conviertan en un problema de justicia, con personas inocentes siendo condenadas por delitos de tráfico de personas debido a interrogatorios realizados sin las debidas garantías legales.

La discusión sobre la estratégía frente a la migración irregular ha estado presente durante casi un año. Prohens ya había manifestado su interés en el despliegue de Frontex en una conferencia de presidentes en diciembre pasado, pidiendo al Gobierno central que no dejara a las Islas Baleares desprotegidas frente a este desafío.

A lo largo de este año, varios líderes regionales se han sumado al pedido de la presidenta, como Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, quien ha instado a los ministros de Asuntos Exteriores e Interior a interceder en Bruselas para facilitar la presencia de Frontex. La situación ha ido ganando atención en el debate político local, especialmente a medida que se reconoce que Baleares está convirtiéndose en un punto neurálgico de la migración en Europa.

Sin embargo, el enfoque del Gobierno ha encontrado resistencia y críticas desde diversos sectores, incluidos algunos miembros de la izquierda que cuestionan la efectividad de Frontex para abordar la crisis humanitaria. Desde el PSIB hasta MÉS per Mallorca, se ha argumentado que las soluciones deben centrarse en la creación de vías legales para la inmigración, en lugar de depender únicamente de acciones represivas.

Por el lado de Vox, aunque el partido tiene un historial de abordar temas relacionados con la migración, su enfoque sobre el caso de Frontex ha sido más esporádico. Al respecto, su portavoz en el Parlament, Manuela Cañadas, ha pedido medidas más drásticas y una defensa firme de las fronteras por parte de la agencia europea.