El archipiélago balear enfrenta una alarmante situación en el ámbito de la atención a la dependencia. Hasta el mes de septiembre, un total de 736 personas han perdido la vida mientras esperaban la evaluación de su grado de dependencia o la aprobación de su Programa Individual de Atención (PIA), según un informe del Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

A nivel nacional, los datos son igualmente preocupantes: 284.020 individuos estaban a la espera de un procedimiento relacionado con su grado de dependencia al concluir el tercer trimestre del año. De estos, 150.606 contaban con el derecho reconocido a la atención, lo que representa un aumento de 8.140 personas respecto al inicio de 2024.

En lo que va de año, 25.060 ciudadanos han fallecido en España sin recibir la atención que necesitaban, un incremento notable de 10.192 fallecimientos en comparación con el año anterior. Los datos indican que la mayor parte de estas muertes se ha concentrado en comunidades como Cataluña y Andalucía, mientras que Baleares se suma a la lista con un número significativo de decesos.

Por otro lado, el número de personas en Baleares que tiene derecho a recibir prestaciones ha aumentado en un 4,6%, cifra que, aunque en aumento, se queda corta en comparación con otras comunidades autónomas, como Canarias con un 22,8% y Galicia con un 14%. La media nacional se sitúa en un 5,5% de incremento.

Actualmente, en Baleares hay 7.017 personas esperando atención, y se estima que un 14,1% de ellas se encuentran en situación de "desatención". Entre finales de 2024 y finales de septiembre, la lista de espera ha crecido un 18,1%, lo que agrava aún más la crisis del sistema.

El tiempo medio de espera en el archipiélago es de 223 días, una cifra que parece insignificante cuando se compara con los 113 días de Castilla y León y los 130 del País Vasco, aunque se encuentra por debajo de la media nacional, que asciende a 349 días. Cabe recordar que la normativa establece un plazo máximo de seis meses para resolver un expediente, es decir, 180 días.

La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha señalado que estos "inaceptables retrasos" son resultado de "repetidos recortes" y de un "complejo y confuso entramado burocrático" que dificulta enormemente el acceso a los servicios y prestaciones necesarias para la cobertura de la dependencia.

A pesar de que el plan de choque para la dependencia ha ayudado a reducir las listas de espera, los resultados no han sido los esperados debido a una paralización en el aumento de la inversión durante 2024 y 2025. El año pasado, el Gobierno central redujo su financiación de dependencia al 27%, lo que representa una disminución de 1,5%, mientras que Baleares contribuyó en gran medida con un 80,6%, situándose como la tercera comunidad con mayor aporte.

Finalmente, la continua dilatación en la resolución de muchos procedimientos está provocando que un número significativo de personas se vea obligado a abandonar la lista de espera debido a su fallecimiento, sin haber podido acceder a las prestaciones o servicios que legítimamente les correspondían. Esta es una realidad que pone en entredicho la efectividad del sistema de atención a la dependencia en nuestras comunidades.