La ciudad de Palma enfrenta una preocupación creciente por la potencial pérdida de aproximadamente 1.000 viviendas públicas, a raíz de la reciente aprobación de la ley de proyectos residenciales estratégicos, respaldada por el Partido Popular (PP) y Vox en el Parlament. Esta alerta proviene de MÉS per Palma, que ha expresado su inquietud sobre las repercusiones que esta legislación tendrá en el acceso a la vivienda en la capital balear.

Neus Truyol, portavoz de MÉS per Palma en el Ayuntamiento, abordó este tema durante una conferencia de prensa celebrada este lunes, donde destacó que la implementación de la nueva ley, conocida por facilitar la obtención de suelo, podría fragmentar el derecho fundamental a la vivienda. Según su perspectiva, esta normativa favorece a los grandes promotores inmobiliarios a expensas del bienestar de la ciudadanía.

Un comunicado emitido por MÉS per Palma señala que la reciente ley cambia el criterio para calcular los beneficios urbanísticos que los constructores deben presentar al Ayuntamiento. Como resultado, se estima que la superficie destinada a viviendas públicas disminuirá considerablemente, lo que implica una clara reducción en la oferta de vivienda asequible.

Truyol también indicó que las viviendas que se logren construir bajo esta normativa podrían alcanzar precios hasta un 30% más elevados, ya que muchos de estos nuevos desarrollos se clasificarán como viviendas a precio limitado, en lugar de seguir los estándares de protección de régimen general.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, había comentado anteriormente que el planeamiento urbano permite la construcción de 20.000 viviendas en terrenos urbanizables. Sin embargo, debido a las modificaciones introducidas por la ley, solo se reservarán 5.000 viviendas públicas, 1.000 menos de lo planeado originalmente, lo que, según Truyol, representa un favorecimiento a los intereses de los promotores en detrimento de las familias necesitadas.

“La reducción de 1.000 viviendas públicas significa menos oportunidades para diversas familias en situaciones vulnerables, incluyendo a las víctimas de violencia de género, jóvenes que buscan independizarse, y ancianos sin recursos”, argumentó Truyol, quien enfatizó la desprotección que esta situación genera para un gran número de ciudadanos.

La portavoz de MÉS per Palma también criticó el cambio de enfoque de un modelo social hacia uno más especulativo, señalando que esto representa un retroceso preocupante. “Habrá menos viviendas públicas y más limitaciones para acceder a precios razonables, lo que afecta gravemente a miles de familias”, subrayó.

Truyol advirtió que la transformación de los terrenos urbanizables podría dar lugar a "barrios dormitorio" carentes de servicios fundamentales como escuelas, centros de salud y espacios verdes. La crítica al PP y Vox fue contundente, acusándolos de construir una Palma que beneficia a grandes especuladores y expulsa a los residentes locales.

Para reforzar su postura, la portavoz mencionó que la representante de Vox involucrada en la negociación de esta ley es propietaria de una agencia inmobiliaria, sugiriendo un conflicto de intereses y cuestionando a quién realmente sirven estas decisiones políticas. “Es evidente para quién trabajan PP y Vox”, concluyó.

En respuesta a estas preocupaciones, MÉS per Palma ha solicitado la derogación inmediata de la nueva ley, pidiendo la recuperación de un modelo urbanístico que priorice la justicia social y la sostenibilidad, similar al que se había aprobado en la legislatura anterior cuando Truyol ejercía como regidora de Urbanismo.