En Madrid, el 27 de noviembre, se ha alcanzado un importante pacto entre el Ministerio de Función Pública y dos de los principales sindicatos, UGT y CSIF, mientras que CCOO aún está evaluando su postura. Este acuerdo, que abarca el periodo de 2025 a 2028, establece un aumento salarial del 11% para más de tres millones de funcionarios. Se implementará de forma progresiva: un 2,5% este año, seguido de un 1,5% en 2026 (que podría incrementarse en un 0,5% vinculado al IPC), un 4,5% en 2027 y un 2% en 2028, según han explicado fuentes de los sindicatos.

El acuerdo también propone la revisión de complementos de residencia, indemnizaciones y otros beneficios laborales, buscando eliminar desigualdades entre funcionarios, mejorar la atención al público y actualizar permisos para la conciliación familiar. Se incluirán además medidas para aumentar la salud laboral de los trabajadores, junto con mejoras en la jubilación y la calidad de la asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo.

El incremento del 2,5% se hará efectivo en diciembre, con retroactividad desde el 1 de enero de este año. Para 2026, se confirma un aumento fijo del 1,5%, que podría ser complementado con medio punto adicional si la inflación es favorable. Sin embargo, los aumentos de 2027 y 2028 serán estrictamente fijos.

A pesar de un pacto de incremento salarial del 11%, se estima que la acumulación de subidas podría situarse en un 11,5% debido a la acumulación de efectos de cada año. UGT y CSIF respaldan el acuerdo, mientras que CCOO ha manifestado su reticencia a apoyarlo hasta la fecha.

El Ministerio de Transformación Digital ha destacado que este acuerdo representa una notable mejora para los empleados públicos y asegura su poder adquisitivo hasta 2028. Este paso ha sido posibilitado tras múltiples reuniones entre la Secretaria de Estado de Función Pública y los sindicatos para discutir este nuevo pacto.

Además de los aumentos salariales, se prevén cambios significativos en las condiciones laborales, como la eliminación de la tasa de reposición y una mayor agilidad en los procesos de selección para hacer más eficaces las contrataciones públicas.

El sindicato CSIF ha manifestado que este acuerdo es el mejor alcanzable bajo las circunstancias actuales, marcando el fin de un periodo de congelación salarial y recuperando parte del poder adquisitivo perdido. La organización señala que el pacto se firmó por un sentido de responsabilidad hacia los empleados públicos, considerando las limitaciones económicas que enfrenta el país.

Las partes involucradas también han declarado su intención de formar una comisión de seguimiento para garantizar que se cumplan las medidas acordadas. CSIF ha indicado que supervisará la ejecución del acuerdo decididamente, para asegurar que se implemente de manera efectiva.

La secretaria general de UGT, Isabel Araque, enfatizó la importancia de este acuerdo, que no solo beneficiará a los empleados públicos, sino que también mejorará la calidad de servicios públicos en general. Araque subrayó que el aumento salarial mencionado asegurará un retorno del poder adquisitivo para los funcionarios.

Finalmente, el acuerdo también aborda aspectos como la reducción del tiempo necesario para cerrar procesos de selección, el refuerzo de las plantillas en los sectores más críticos y el impulso de la promoción interna, sobre la base de la experiencia de los empleados. Este acuerdo representa un avance significativo en la reivindicación de derechos de los empleados públicos, prometiendo no solo seguridad financiera, sino también una administración más eficiente.