PALMA, 30 de julio. En el Consell de Mallorca, los grupos políticos del Partido Popular (PP) y Vox han decidido tomar medidas contra la actual portavoz socialista, Catalina Cladera, y su antiguo conseller de Deportes, Andreu Serra, debido a un impago significativo de 345.000 euros que se debe a la empresa que gestionaba el restaurante del Hipódromo de Son Pardo.

Ambas formaciones han anunciado en una rueda de prensa conjunta su intención de presentar una moción en el pleno insular programado para septiembre. Se prevé que esta moción cuente con suficiente apoyo para ser aprobada, suponiendo que todo transcurra sin contratiempos.

El portavoz adjunto del PP, Bernat Vallori, y el líder de Vox, Toni Gili, han exigido a Cladera que explique este asunto, considerado por ellos como “muy grave” y que trasciende lo que podría catalogarse como “un simple error administrativo”.

Vallori ha calificado la situación como un “escándalo” que evidencia una falta de atención y responsabilidad, causando un impacto negativo significativo en las arcas públicas de Mallorca. “Es inaceptable que los ciudadanos tengan que afrontar las consecuencias de esta gestión ineficaz”, ha subrayado.

La acusación del PP establece que Cladera permitió que la empresa concesionaria incumpliera sus obligaciones, sustituyendo un pago mensual de 20.000 euros por un acuerdo verbal que solo exigía 400 euros mensuales. Este cambio, de acuerdo a recientes sentencias de un juzgado en Palma, ha derivado en un daño económico considerable que no fue reclamado hasta momentos antes de que Cladera dejó su cargo.

“Esto revela, al menos, una negligencia alarmante y un desprecio notable hacia los recursos públicos. Los mallorquines tienen el derecho de conocer quién falló en esta situación y quién comprometió sus recursos”, insistió Vallori, solicitando que Cladera rinda cuentas sobre su gestión desde la oposición.

Por su parte, Toni Gili ha criticado la falta de supervisión de Cladera y Serra, quienes, según él, no actuaron para asegurar el correcto funcionamiento de la administración insular. “Miraron hacia otro lado cuando la situación requería acción”, afirmó.

Gili también ha condenado lo que considera una mala gestión y ha expresado que la corrupción parece ser un rasgo característico del partido socialista, ya sea por acción o por inacción. Tal es su convicción que el acuerdo con el PP para presentar esta moción tiene como objetivo llamar a cuentas a ambos políticos por sus responsabilidades.

A pesar de que la moción seguramente será aprobada con los votos combinados de ambos partidos, Gili ha manifestado el deseo de que otras fuerzas políticas se sumen a esta iniciativa que busca promover la transparencia en la gestión pública.

Sin embargo, Gili ha señalado que por ahora no se planea convocar la Comisión de Transparencia del Consell de Mallorca, como había propuesto el gobierno insular recientemente, y no se presentará una denuncia formal en este momento. “La justicia ya se ha pronunciado”, concluyó, refiriéndose a la sentencia que obliga a la empresa a saldar la deuda de 345.000 euros.