La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su firme oposición a la reciente regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez planea aprobar. En su crítica, Prohens señala que esta medida propiciará un "nuevo efecto llamada" hacia Baleares, en un momento crítico para la comunidad autónoma con un récord de llegadas de inmigrantes ilegales en los últimos años.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la líder autonómica ha manifestado su preocupación tras conocer la alianza entre el PSOE y Podemos para avanzar con esta regularización mediante un real decreto. Prohens ha declarado que las Islas Baleares están atravesando "su peor crisis migratoria" con más de 20.000 inmigrantes ilegales en los últimos cinco años, y considera que la decisión del Gobierno es irresponsable.

De acuerdo con Prohens, esta regularización masiva solo incentivará la entrada irregular de inmigrantes, beneficiando a las mafias que operan en el tráfico de personas y desconociendo la capacidad de integración social de los recién llegados. Además, ha resaltado que la medida no considera problemas apremiantes como la escasez de vivienda y los recursos limitados del archipiélago.

Prohens también criticó el hecho de que, mientras se impulsa esta regularización, aquellos que buscan residir legalmente en España están enfrentando unos servicios de Extranjería "colapsados". "La inmigración debe ser legal y ordenada. No estamos en condiciones de acoger a quienes no están dispuestos a contribuir y adaptarse a nuestra sociedad", afirmó rotundamente.

La regularización propuesta está dirigida a extranjeros que ya se encuentran en territorio español y tiene como finalidad "garantizar derechos y ofrecer seguridad legal a una situación social existente", como informaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Al tratarse de un decreto, esta medida eludirá el proceso de convalidación en el Congreso.

Los requisitos para acceder a esta regularización incluyen la ausencia de antecedentes penales significativos y la comprobación de una estadía en España durante al menos cinco meses, mediante documentos que van desde el padrón hasta recibos de servicios. Durante el proceso de solicitud, se suspenderán temporalmente las órdenes de expulsión administrativas.

Si la solicitud es aceptada, se otorgará una autorización de residencia provisional, que permitirá a los beneficiarios trabajar legalmente y acceder a servicios básicos como la atención médica. En caso de que la resolución final sea positiva, se podrá obtener una autorización de residencia por un año, con la opción de solicitar una regularización ordinaria posteriormente.

Por su parte, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, anunció que esta regularización extraordinaria estará disponible para los inmigrantes en situación irregular entre comienzos de abril y el 30 de junio del presente año. Esta iniciativa retoma una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que cuenta con el respaldo de más de 700.000 firmas, aunque su tramitación sigue estancada en el Parlamento, después de que solo Vox se opusiera a su toma en consideración.

A pesar de que el texto de la ILP fue presentado durante la legislatura anterior y no decaerá con la disolución de las Cortes, su progreso en esta nueva legislatura ha sido limitado debido a los complicados equilibrios parlamentarios.