PALMA, 13 de marzo. La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su preocupación por el reciente acuerdo entre Vox y el PSIB, que, a su juicio, ha llevado a que el partido de extrema derecha se convierta en una especie de apoyo incondicional para el presidente Pedro Sánchez en las Islas Baleares. Este pacto busca modificar la ley de polígonos industriales, añadiendo nuevos mecanismos para controlar los presupuestos autonómicos cuando sean prorrogados.

Durante su intervención tras la presentación del Districte de les Arts, Prohens mantuvo una actitud serena, indicando que el proceso legislativo aún está en sus primeras fases. Por lo tanto, confía en que haya tiempo suficiente para que Vox reflexione sobre su decisión y asuma responsabilidad por las implicaciones de un acuerdo que, según ella, busca perjudicar al Govern, aunque el verdadero daño recaerá sobre los ciudadanos balear.

Prohens criticó al PSIB por lo que considera una estrategia de aislamiento hacia la derecha al otorgar más poder a Vox. A su juicio, será fundamental que Vox rinda cuentas a sus 61.000 votantes, quienes deben entender que el mismo día que se quejaron por no ser incluidos en las reuniones con Sánchez, su partido optó por aliarse con él en Balears, lo que pone en entredicho su coherencia política.

La presidenta del Govern destacó que con esta nueva colaboración entre PP y Vox se están revelando contradicciones y falta de consistencia en sus posiciones. A pesar de esto, Prohens no descarta la posibilidad de abrir negociaciones para establecer unos nuevos Presupuestos autonómicos, siempre que se respete la proporcionalidad en la representación. Subrayó que Vox, al tener seis representantes, está en una posición para exigir, pero no para imponer su voluntad.

Asimismo, Prohens abordó el tema del recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSIB contra la ley de simplificación administrativa, la cual, recientemente, la abogacía del Estado afirmó que era constitucional. En este sentido, instó a los socialistas a ofrecer una explicación, recordando que más de 500 familias de diversas ideologías se han beneficiado de un proceso extraordinario de legalización. Por último, cuestionó cómo la izquierda puede considerar a los okupas como víctimas, mientras tilda de delincuentes a quienes buscan regularizar su situación.