PALMA, 11 de febrero.

La Policía Local de Palma ha tomado medidas enérgicas contra una propietaria de un bar en el barrio de Son Gotleu. Esta acción se debe a la supuesta transmisión ilegal de partidos de fútbol a través de una plataforma no autorizada, comúnmente conocida como 'pirata'. Este incidente ha sido objeto de atención, ya que se enmarca en una creciente preocupación por la protección de los derechos de autor en el ámbito deportivo.

Los hechos ocurrieron el 3 de febrero, alrededor de las 19:30 horas, durante un operativo de control a varios establecimientos, según ha comunicado la Policía. Este tipo de inspecciones se realizan con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes en diversas áreas, incluida la seguridad alimentaria.

Los agentes, que contaron con el respaldo de unidades de la Policía Nacional, llevaron a cabo la inspección y, durante su revisión, se percataron de que el televisor del bar estaba transmitiendo un partido de fútbol perteneciente a una cadena de pago. Los controles revelaron que la señal encontrada no estaba vinculada a un decodificador oficial, lo que confirmaba el uso de un servicio digital no autorizado.

El informe elaborado por la Policía destaca que esta actividad se realizaba con fines comerciales, ya que el televisor estaba colocado de manera estratégica para atraer a los clientes sin haber pagado los derechos de transmisión correspondientes. Este hecho pone de manifiesto el riesgo que corren los negocios que optan por este tipo de prácticas ilícitas, en un sector donde el respeto a la propiedad intelectual es fundamental.

Tras confirmar la infracción, los agentes procedieron a ordenar que se detuviera la proyección del partido de inmediato. También se notificó a la dueña del establecimiento, una mujer española de 51 años, sobre la formalización de un informe judicial y su requerimiento para comparecer ante la autoridad correspondiente, al ser posible víctima de un delito relacionado con la propiedad intelectual. Las acciones tomadas han sido enviadas al Juzgado de Instrucción de Guardia y a la Policía Nacional para su seguimiento.