La portavoz del PSIB en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha levantado la voz sobre la situación que vive el turismo en la isla, criticando lo que considera un descontrol absoluto en el Departamento de Turismo. Durante una reciente rueda de prensa, Cladera y el conseller socialista Andreu Serra no escatimaron en reproches hacia José Marcial Rodríguez, quien gestiona dicha área, acusándolo de ser inepto en su labor y de no haber logrado frenar el crecimiento de las viviendas vacacionales ilegales.

De acuerdo con sus declaraciones, los últimos dos años han evidenciado la incapacidad de Rodríguez y del presidente del Consell, Llorenç Galmés, para abordar de manera efectiva los desafíos que plantea la regulación turística. Cladera enfatizó que el sector turístico también está frustrado por la falta de diálogo y acción por parte de la administración insular.

Cladera no dudó en calificar las afirmaciones de Rodríguez sobre las 42.000 plazas ilegales como un ejemplo de su falta de competencia, sugiriendo que sus promesas son solo "una ilusión". Los socialistas han solicitado medidas más drásticas, como el cierre inmediato de las propiedades ilegales que el Departamento ya ha identificado, así como una eliminación automática de los anuncios ilegales en plataformas digitales.

En una jornada marcada por la tensión política, Cladera también dirigió críticas hacia las políticas migratorias del Partido Popular, acusándolo de instrumentalizar la situación de los menores migrantes no acompañados para fines políticos. Su condena fue contundente: sostiene que este enfoque fomenta un clima propicio para discursos de odio y, alega, concede terreno a grupos de extrema derecha.

La portavoz socialista subrayó la falta de ética del presidente Galmés, a quien acusó de usar la tragedia de los migrantes como una oportunidad para obtener imágenes mediáticas, como las de las pateras. Cladera exigió un cambio significativo en la gestión de los temas migratorios por parte del PP y criticó la negativa de las instituciones baleares a aceptar el reparto de menores migrantes provenientes de otras comunidades. "¿Qué suponen 50 menores cuando vienen millones de turistas cada año?", inquirió, cuestionando la lógica detrás de tal rechazo.