PALMA/MADRID, 12 de octubre. La activista Reyes Rigo, quien representó a España en la Global Sumud Flotilla, está a punto de regresar a Palma tras haber sido detenida en Israel desde el 1 de octubre. Su llegada está programada para este próximo lunes, donde será recibida por las compañeras de la flotilla.

En este retorno, Rigo estará acompañada por Lucía Muñoz, coordinadora de Podemos Baleares, y Alejandra Martínez, también de Unidas Podemos, quienes han estado esperando su llegada en Madrid desde que regresaron a España el 7 de octubre. El vuelo que las llevará de vuelta a la capital balear está previsto para las 13:30 horas de este lunes, según confirma Muñoz.

Este traslado marca el fin de la retención de todos los españoles de la flotilla, ya que los últimos seis miembros que permanecían en Israel, incluida Rigo, ya están en camino de regreso a España, según han indicado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

La activista Reyes Rigo había sido la única española en esta situación pero, gracias a las gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada española y el cónsul en Tel Aviv, se ha logrado su regreso, destacando el buen trabajo realizado por las autoridades. De esta manera, ya no queda ningún español de la flotilla bajo custodia israelí.

Los otros seis miembros de la flotilla arribarán al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 08:15 horas, después de haber estado en prisión por rehusar firmar su deportación, tal como han declarado fuentes de la flotilla Rumbo a Gaza.

Rigo ha conseguido su retorno a España tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía para la reducción de las acusaciones en su contra. Según Lucía Muñoz, quien también estuvo en la flotilla, el cónsul español comunicó a la familia de Rigo que durante una audiencia el viernes se llegó a dicho acuerdo, que culminó con una multa impuesta a la activista.

El tribunal de Beer Sheva aceptó este acuerdo, donde Rigo se declaró culpable de un cargo por lesiones y asalto agravado contra una funcionaria de la prisión. Aunque inicialmente se la acusó de morder a una guardia, posteriormente esa acusación fue modificada, alegando que había lastimado a la funcionaria al resistirse.

Conforme al pacto acordado, el tribunal impuso una condena de diez días de prisión, los cuales Rigo ya había cumplido, además de una multa de 10.000 séquels, equivalentes a aproximadamente 2.650 euros, y se ordenó su deportación.

En su comparecencia ante el juez, Rigo denunció haber sido víctima de malos tratos durante su custodia, afirmando que sufrió agresiones físicas y que experimentó condiciones inhumanas en la prisión, donde estuvo recluida con otras trece mujeres en un espacio destinado solo para cinco, sin acceso adecuado a agua potable y alimentos en mal estado.