Se ha confirmado que los últimos seis integrantes de la flotilla retenida por Israel, entre ellos la activista Reyes Rigo, se encuentran en camino de regreso a España, según han señalado fuentes oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Reyes Rigo, la única representante española del grupo Global Sumud Flotilla, había estado bajo custodia israelí desde su arresto el 1 de octubre.

Este proceso de repatriación ha sido coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en colaboración con la Embajada de España y el cónsul en Tel Aviv, quienes han sido elogiados por su diligente intervención en la situación.

Con la llegada de estos seis miembros, se confirma que ya no hay ciudadanos españoles de la flotilla todavía detenidos en Israel.

Se prevé que los seis regresen a Madrid este lunes a las 08:15 en un vuelo que aterrizará en la terminal 4S del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras haber estado encarcelados debido a su negativa a firmar documentos de deportación, según informaciones de fuentes vinculadas a la flotilla Rumbo a Gaza.

Reyes Rigo se encuentra en su camino de regreso tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía que ha permitido reducir los cargos en su contra.

Lucía Muñoz, concejala de Unidas Podemos en Palma y también parte de la flotilla, reveló que el cónsul español notificó a la familia de Reyes que se había alcanzado un pacto legal en una vista reciente, que incluyó la imposición de una multa a la activista.

Un tribunal de Beer Sheva aceptó el acuerdo después de que Rigo admitiera haber causado lesiones y haber agredido a una guardia de la prisión donde estuvo detenida.

Los cargos iniciales incluían una supuesta mordida a una guardia y resistencia al ingresar a su celda, pero posteriormente fueron modificados para reflejar que, al resistirse, ella había hecho daño con sus uñas a la funcionaria.

Como resultado del acuerdo, el tribunal dictó una condena de diez días de prisión, período que Rigo ya había cumplido; además, se le impuso una multa de 10.000 séquels, que equivale a aproximadamente 2.650 euros, junto a la orden de su deportación.

Durante la audiencia, la activista Rigo denunció que sufrió maltratos mientras estuvo bajo custodia. Relató que sufrió agresiones y describió una situación de hacinamiento extremo en una celda, en la que se encontraba con otras trece mujeres en un espacio diseñado para cinco personas, sin acceso adecuado a agua o alimentación, que incluso describió como "podrida".