PALMA, 11 de agosto. La Consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha manifestado que Baleares no está en condiciones de recibir a un mayor número de menores migrantes no acompañados. En sus declaraciones, ha criticado la actitud del Gobierno central, al considerar que hay una clara falta de sinceridad en la manera en que se está gestionando esta situación.

Fernández ha señalado que el actual reparto de menores está basado en una sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Estado a asumir la responsabilidad de estos jóvenes, ya que es la entidad competente para su acogida. A su juicio, ha pasado un tiempo considerable desde la sentencia, y hasta ahora solo están comenzando a acoger a un pequeño número de ellos, lo que él considera un acto de cinismo por parte del Ejecutivo.

De acuerdo con la Consellera, el próximo reparto de menores está programado para el 26 de agosto y afectará a aproximadamente 3,000 jóvenes no acompañados, de los cuales alrededor de 49 estarían destinados a Baleares. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido información clara sobre cómo se implementará este proceso.

Fernández también ha manifestado su desacuerdo con el enfoque adoptado en este reparto, que considera poco transparente e injusto, especialmente al excluir a comunidades autónomas como el País Vasco y Cataluña de este proceso.

La Consellera ha destacado que los Consells Insulares ya están afrontando una ocupación que supera el 1,000 por ciento, además de recordar que Baleares es un punto de llegada para migrantes en una de las rutas marítimas más peligrosas provenientes de Argelia, donde muchos pierden la vida en el intento.

Asimismo, ha denunciado que el Gobierno no está tomando las medidas adecuadas para combatir a las mafias que operan en estas situaciones, lo que limita la capacidad de la Comunidad para proporcionar una atención digna y adecuada a más menores.

Por lo tanto, ha afirmado que el Govern continuará explorando formas de rechazar el reparto impuesto, asegurando que no desean participar en un proceso que parece tratar a los menores como mercancías, cuando en realidad es esencial ofrecerles la protección que merecen.