En un reciente pronunciamiento desde Madrid, el Ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha manifestado su firme esperanza de que ninguna comunidad autónoma obstruya el proceso de distribución de menores migrantes que llegan desde las Islas Canarias. Torres advirtió que si alguna región decide actuar en contra de esta normativa, será necesario que las fuerzas de seguridad del Estado intervengan para asegurar el cumplimiento de la ley.

Durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el ministro mostró una confianza resolutiva en que el decreto aprobado por el Consejo de Ministros será acatado por todos los presidentes autonómicos. "Es inconcebible que algún mandatario no respete la legislación vigente", subrayó, en clara referencia a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que han manifestado su intención de impugnar dicho decreto.

Frente a la posibilidad de esos recursos legales, Torres se mostró convencido de que no prosperarán, alegando que han recurrido al Tribunal Constitucional y en algunos casos al Supremo, aunque instó a la reflexión sobre la naturaleza de la modificación legislativa que consideran totalmente justa a su juicio.

Además, no escatimó en críticas hacia la presidenta de Baleares, Marga Prohens, a quien calificó de "lamentable" en su rechazo al decreto, recordándole que no ha cumplido con la solicitud del Ministerio de Infancia de enviar el listado de menores bajo su custodia.

El Ministro también lanzó un aviso al ejecutivo balear, subrayando que su comunidad podría enfrentar una situación de emergencia migratoria, dado que su capacidad de acogida podría triplicarse, teniendo que acatar el real decreto que, según su partido, no respaldaron en su momento, pero que él considera fundamental para una solución solidaria y obligatoria.

Finalmente, Torres garantizó que el apoyo financiero para la atención de los menores está asegurado, apuntando a una asignación inicial de 100 millones de euros. "Ya hemos asegurado fondos en los años 2022 y 2023 a través de conferencias sectoriales, para apoyar a las comunidades que aceptan a estos menores. Por ende, el obstáculo no radica en la falta de recursos económicos, que están garantizados por el Gobierno de España", concluyó el ministro.