PALMA, 28 Nov. — Miguel Ángel Romero, secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, ha manifestado su deseo de que la homologación del complemento por insularidad con Canarias se implemente a partir de enero de 2026.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, Romero valoró de forma "positiva" el reciente acuerdo que establece un aumento salarial del 11% para los funcionarios hasta 2028. Este aumento no solo se centra en la retribución, sino que también contempla otros aspectos importantes, como la eliminación de la tasa de reposición. Esta eliminación, según él, podría haber sido un motivo suficiente para alcanzar el acuerdo por sí sola. También destacó la actualización de las indemnizaciones por residencia y el aumento de las indemnizaciones por razón de servicio.

Romero, previo a una asamblea dedicada a explicar el incremento salarial a funcionarios del Estado, comentó que el pacto firmado entre el Ministerio de Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF —a la espera de la valoración de CCOO— no introduce cambios significativos. “El 11% ya estaba en la mesa y era el nudo en la parte retributiva”, explicó. “Ahora, se ha añadido medio punto variable que se abonará si el IPC supera el 1,5% durante 2026, a pagar en el primer trimestre de 2027”, precisó.

Más allá de la parte del salario, Romero destacó que el acuerdo implica otras consideraciones esenciales. La eliminación de la tasa de reposición, que limita el número de plazas a cubrir por Hacienda ante vacantes, se presentó como una de las materias más cruciales, ya que esta práctica ha contribuido significativamente a la temporalidad en las administraciones, que asciende a más del 40% en Baleares. Romero confía en que esta medida permitirá reducir la temporalidad y dotar a las administraciones del personal que realmente necesiten, mejorando así la atención a los ciudadanos.

El secretario general también subrayó aspectos adicionales del acuerdo que reflejan una "balearización" del contenido, como la promoción interna, la facilitación de la movilidad entre administraciones, la implementación de protocolos contra la violencia de género y el acortamiento de plazos para las convocatorias de plazas, tomando como referencia el modelo de oposiciones del sector educativo, que se realiza cada año.

En relación con el plus de insularidad, Romero puntualizó que el acuerdo contempla una actualización de las indemnizaciones por residencia, así como un aumento de las indemnizaciones por razón de servicio. Sin embargo, advirtió que esto no implica una homologación inmediata del complemento por residencia para el personal de la Administración General del Estado (AGE) en Baleares. No obstante, se comprometió a convocar la Mesa General de Negociación de la AGE para discutir la homologación con Canarias.

Romero consideró que esta mesa debería ser convocada "antes de que termine el año" y se mostró optimista respecto a que la homologación se implemente a partir de 2026, aunque admitió que aún se desconoce la fecha exacta y el porcentaje de esta homologación.

Por último, enfatizó que la postura de UGT es que esta homologación es una demanda histórica y que es incomprensible que se retrase tantos años, señalando que en Baleares casi un tercio de las vacantes en la AGE permanecen sin cubrir. Por ello, subrayó que la propuesta sindical es que desde enero de 2026 el personal reciba el mismo tratamiento que en Canarias.