El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha expresado su preocupación ante la falta de respuesta legislativa por parte del Gobierno de España en relación a la posibilidad de que un profesor condenado por acoso continúe su labor docente. Vera ha señalado que, a pesar de sus esfuerzos por instar a cambios en la normativa, las respuestas han sido escasas y la situación, insostenible.

En un intento por abordar este delicado asunto, Vera destacó que en febrero envió cartas a varios ministerios, incluyendo los de Juventud e Infancia, Educación y Formación Profesional, y Trabajo y Economía Social, con el propósito de solicitar modificaciones legales que impidan a individuos con antecedentes de este tipo trabajar en entornos educativos con menores.

Sin embargo, al ser interrogado al respecto en una reciente rueda de prensa, el conseller indicó que la única respuesta recibida provino del Ministerio de Educación, que no mostró disposición a realizar las modificaciones propuestas. Esto plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del sistema educativo para gestionar situaciones de riesgo para los menores.

En su comunicación, el Ministerio dirigido por Pilar Alegría reconoció la “gravedad” del tema y comprendió las inquietudes expresadas por la comunidad educativa y los padres. Sin embargo, confirmó que, ante la falta de una pena de inhabilitación para el profesor en cuestión, la legislación actual no permite restricciones para que continúe enseñando.

A pesar de estas circunstancias, el Ministerio se ha comprometido a realizar un análisis exhaustivo sobre estos casos, priorizando siempre la protección de los estudiantes más jóvenes, aunque muchos en la comunidad educativa se mantienen escépticos sobre la efectividad de dicha promesa.