Crónica Baleares.

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Víctor de Aldama evita declarar en la comisión sobre las mascarillas del Parlament.

Víctor de Aldama evita declarar en la comisión sobre las mascarillas del Parlament.

El empresario Íñigo Rotaeche ha afirmado que no ha recibido ninguna citación y no comparecerá.

En el día de hoy, el exasesor de Globalia Víctor de Aldama se ha presentado ante la comisión de investigación de las mascarillas en el Parlament, optando por no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios.

De Aldama ha declarado que no dará ninguna declaración ante las preguntas formuladas, incluyendo aquellas sobre posibles presiones e influencias hacia el Govern de Marga Prohens con respecto a la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas en relación a la compra de mascarillas durante la pandemia.

Aunque ha agradecido al portavoz del PP por referirse a él como "presunto", De Aldama ha reiterado su negativa a declarar y criticó la decisión de PP y Vox de atacar al anterior Govern del PSIB en lugar de buscar respuestas sobre la compra de mascarillas defectuosas.

A pesar del silencio de De Aldama, los grupos parlamentarios han preguntado sobre sus relaciones con diversas personas y sobre su enriquecimiento patrimonial.

Es importante recordar que De Aldama está señalado por la Audiencia Nacional como el presunto 'conseguidor' en el caso Koldo y ha sido vinculado con la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez.

La comparecencia del administrador único de Soluciones de Gestión, Daniel Sierra, estaba programada para las 13.00 horas, pero informó que no asistiría. Por otro lado, el director ejecutivo de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, comunicó que no había recibido una citación formal y que era imposible para él acudir.

A las 11.00 horas está prevista la comparecencia del anterior subdirector de compras y logística del IbSalut, Antoni Mascaró, quien firmó el certificado del contrato de las mascarillas en agosto de 2020, a pesar de conocer los análisis sobre la calidad del material. Además, él propuso la resolución parcial del contrato para reclamar 2,6 millones a la empresa, una acción que el Govern llevó a cabo en octubre.