Vidal denuncia la campaña de acoso relacionada con Metrovacesa y defiende su postura con total imparcialidad.
La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha denunciado la escalada de ataques recibidos por parte del Partido Socialista en relación al caso Metrovacesa y ha defendido su decisión de remitir el caso a la Fiscalía con total imparcialidad.
Vidal, durante su comparecencia en el Parlament, ha señalado que los medios de comunicación ya informaban del escándalo de Metrovacesa antes de que ella asumiera su cargo, dejando claro que no es responsable de este caso.
La consellera ha recordado que fue un juez el que impidió al Gobierno anterior firmar la escritura y que la decisión de revocar el acuerdo de tanteo fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración del Ibavi. Además, ha subrayado que la propuesta de revocación estaba respaldada por informes jurídicos sólidos.
Vidal ha dejado claro que no ha realizado ninguna valoración ni acusación, ya que no es su papel, y ha reafirmado que su decisión de remitir el caso a la Fiscalía fue puramente por cumplir con su responsabilidad legal.
Luego, la consellera ha explicado las razones de oportunidad y legalidad que llevaron a revocar la compra de las 88 viviendas de Metrovacesa. Entre ellas, ha mencionado que supondría una pérdida inicial de 5,8 millones de euros y un mayor costo de abonamiento del IVA.
Vidal ha sentenciado que la adquisición pretendía ser por un precio un 40% más alto del máximo tasado por viviendas de protección oficial.
En cuanto a los motivos de legalidad, la consellera ha destacado que la operación generaba un déficit sustancial, vaciaba las arcas del Ibavi y contaba con informes técnicos desfavorables.
También ha hecho hincapié en que no se contaba con los documentos legales necesarios ni las condiciones para que las viviendas fueran aptas para ser ocupadas.
La consellera ha remitido el caso a la Fiscalía con total imparcialidad, sin hacer valoraciones, y ha cuestionado las motivaciones detrás de la operación, como la falta de urgencia y el hecho de que los ciudadanos de Baleares tuvieran que asumir un gasto adicional de más de 2 millones de euros.
En conclusión, Vidal ha criticado la campaña de acoso recibida, ha defendido su decisión de remitir el caso a la Fiscalía y ha cuestionado los motivos y la legalidad de la operación de compra de las viviendas de Metrovacesa.
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